La dictadura cubana ha desatado una nueva ofensiva contra la prensa independiente bajo el eufemismo de «terrorismo económico», mientras orquesta una artificial caída del dólar en el mercado negro. Detrás de esta maniobra de distracción, que no responde a ninguna ley del mercado, se esconde un intento del régimen de La Habana por acaparar divisas a bajo costo, adelantarse a un inminente paquetazo económico y limpiar la imagen de un sistema corrupto que ahora sacrifica a figuras como el exministro Alejandro Gil en medio de una profunda crisis humanitaria.
El teatro del mercado cambiario y el asedio a la prensa independiente
La reciente fluctuación del dólar en el mercado informal cubano evidencia, una vez más, el carácter voluntarista y manipulador de la economía en la isla. Tras alcanzar cotizaciones cercanas a los 490 pesos, la moneda estadounidense experimentó un supuesto desplome hasta los 410, seguido de un breve repunte a 460 y una subsiguiente caída gradual, meticulosamente dosificada en diez puntos diarios. Esta tendencia, sin embargo, contrasta de manera abrupta con las dinámicas reales del mercado interno, donde la demanda de productos básicos y divisas sigue superando con creces a una oferta inexistente o paupérrima.
En las tiendas recaudadoras de divisas y en el incipiente sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), los precios de los productos esenciales no han reflejado esta bajada cambiaria. La población cubana, curtida por décadas de retórica oficialista, es plenamente consciente de que la agresividad del discurso gubernamental no se traduce en eficacia económica. Las leyes del mercado son inmunes a los caprichos del autoritarismo, lo que suscita interrogantes profundas sobre los verdaderos motivos detrás de este presunto desplome orquestado.
El gobierno cubano ha lanzado una campaña de demonización contra los medios independientes que monitorean la temperatura del mercado informal, acusándolos absurdamente de «terrorismo económico». Esta estrategia busca inculpar a la prensa libre de la devaluación del peso cubano, pretendiendo hacer creer a la población que condenar públicamente un portal de internet tiene la capacidad de alterar el valor de las divisas. En realidad, esta ofensiva es una cortina de humo para justificar la represión y, de paso, eliminar a negocios privados que no responden a los intereses de la cúpula militar.
El acaparamiento y la especulación que llevaron al dólar a rozar los 500 pesos apuntan directamente a las entrañas del propio régimen. La estructura para-estatal o supra-estatal, que opera desde las sombras, ha utilizado tradicionalmente testaferros para manejar empresas, abrir cuentas bancarias en el extranjero y captar dólares por canales irregulares. Pocos empresarios desconectados del poder tienen el volumen de efectivo necesario para operar en el mercado negro a escala nacional. La maniobra actual es la inversa: tras hundir a numerosas Mipymes que no pudieron asumir el encarecimiento acelerado de sus importaciones, el régimen ahora devalúa el dólar para adquirir la mayor cantidad de divisas al menor precio posible.
La caída de Alejandro Gil y la fuga de capitales institucionalizada
Este escenario de manipulación financiera se entrelaza con el proceso judicial contra el exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, cuya defenestración y posterior prisión se desarrollan en la más estricta opacidad. La dictadura finge ahora vestirse de tolerancia cero contra la corrupción, sacrificando a una de sus figuras más relevantes en un proceso que desprecia flagrantemente el derecho del pueblo cubano a conocer los delitos específicos por los que fue hallado culpable y, sobre todo, quiénes lo secundaron en su proceder delictivo.
El nombre de Gil había sido vinculado, poco antes de su caída, con el de Mirtza Ocana, una ciudadana cubana detenida en el aeropuerto de Tampa con 102 mil dólares no declarados. Aunque la defensa de Ocana aseguró en su momento que el dinero contrabandeado no tenía relación con el exministro u otro alto funcionario, los cargos imputados a Gil incluyen el de «Tráfico de Divisas». Sin embargo, el régimen ha omitido precisar el monto exacto del dinero movido ni su origen.
El caso de Ocana es paradigmático de la fuga de capitales que asfixia a la isla. Se ha revelado que esta mujer realizó 45 viajes a Cuba en un período de menos de un año, transportando grandes cantidades de dinero en efectivo hacia Estados Unidos, con el apoyo de individuos no identificados y cobrando comisiones millonarias por cada traslado. Resulta inverosímil que, en un Estado que invierte sumas astronómicas en vigilancia, control ciudadano y represión, esta fuga sistemática de capitales haya ocurrido sin la complicidad directa de altos mandos del régimen.
La red de «mulas» que opera extrayendo dólares de Cuba no es un fenómeno aislado, sino una industria protegida por la propia élite gubernamental. Estos fondos provienen de diversas fuentes, incluyendo los cientos de millones en efectivo que hace unos años colapsaban las bóvedas del Banco Nacional de Cuba, inutilizables bajo el pretexto del embargo estadounidense. Hoy, esos dólares, sumados a los captados por la vía informal, son extraídos de la isla para ser puestos a salvo en paraísos fiscales o cuentas extranjeras, asegurando el futuro de la clase dominante cuando el sistema colapse definitivamente.
Contexto: La visita de la ONU y la crisis humanitaria agravada
El escenario interno se complica aún más con la visita a la isla de Alena Douhan, relatora especial de la ONU, quien llega con el mandato de evaluar el impacto del embargo estadounidense en los derechos humanos. Es relevante destacar que Douhan es originaria de Bielorrusia, un país con un régimen autoritario estrechamente alineado con el gobierno cubano. Su presencia se produce en un momento en que la votación en Naciones Unidas contra el embargo no obtuvo el respaldo abrumador de años anteriores, lo que evidencia un creciente agotamiento de la comunidad internacional ante la narrativa victimista de La Habana.
Sin embargo, la relatora de la ONU parece ignorar que el principal embargo que sufre el pueblo cubano es el interno, impuesto por la dictadura a través de un modelo económico fallido, la represión sistemática y la negación de derechos económicos básicos. Mientras Douhan evalúa los efectos de la política estadounidense, el régimen de La Habana anuncia un «paquetazo» económico que constituirá una violación masiva de los derechos humanos elementales, recayendo el peso de la crisis sobre una población que apenas sobrevive.
Esta profunda crisis humanitaria ha sido agravada recientemente por el paso de fenómenos meteorológicos extremos que han dejado una estela de destrucción y desesperación. Ante la incapacidad del Estado para responder a la emergencia, la población se ha visto obligada a depender de la solidaridad ciudadana y de las remesas enviadas desde el extranjero. El régimen, en lugar de asumir su responsabilidad, utiliza la tragedia natural como otra coartada para justificar el fracaso de su gestión y para acelerar medidas económicas que solo benefician a las arcas de la élite militar.
Un sistema sin salida y una población rehén
La artificial bajada del dólar y la campaña contra el mercado negro no lograrán que las divisas cambien su rumbo hacia las arcas del Estado para sanear un país que, en términos económicos y estructurales, no tiene arreglo dentro del modelo actual. El régimen cubano se encuentra atrapado en su propia telaraña de corrupción y voluntarismo. Las purgas internas, como la de Alejandro Gil, no son más que síntomas de una lucha de poder y de un intento desesperado por ocultar el saqueo sistemático de los recursos nacionales.
Los mismos actores que empujaron el dólar a niveles históricos son los que ahora ordenan su descenso, manipulando la economía a su antojo para comprar tiempo y divisas baratas. Mientras tanto, la sociedad civil es perseguida, se criminaliza el periodismo independiente y se prepara un ajuste económico que hundirá aún más a la clase trabajadora. La dictadura cubana demuestra, una vez más, que su prioridad absoluta no es el bienestar de la nación, sino la supervivencia de su estructura de poder y la protección del patrimonio ilícito acumulado por sus dirigentes, a expensas del hambre y la represión de millones de cubanos.
