La sensación de que el régimen de La Habana se desmorona por sí solo es una ilusión peligrosa. Mientras la población cubana se adapta a la escasez extrema, los apagones prolongados y la desinformación total en las zonas rurales, el gobierno instrumentaliza este colapso para mantenerse en el poder. La resignación, disfrazada de «resistencia creativa», se ha convertido en el principal salvavidas de una dictadura que sabe que un pueblo inmerso en la mera supervivencia no tiene fuerzas para derrocarla.
Existe una percepción generalizada entre amplios sectores de la sociedad civil de que el sistema político imperante en la Isla se encuentra en una fase terminal. Al recorrer las calles de La Habana, esta impresión resulta palpable en las colas, la infraestructura deteriorada y el descontento soterrado. Sin embargo, cuando se observa la realidad en provincias más allá de la capital, el panorama se torna aún más desolador y, paradójicamente, más estático. La capital, aunque sumida en la decadencia, aún se beneficia de ciertos privilegios que la alejan de los apagones de más de veinte horas que ya son la norma, y no la excepción, en el resto del territorio nacional.
El error de análisis más grave radica en asumir que este colapso estructural conducirá, de manera automática, a la caída del régimen. La historia reciente y la sociología política demuestran que las dictaduras no se desploman únicamente por el peso de su propia ineficiencia. Llegado el punto crítico, la interrogante esencial es si los ciudadanos continuarán pasivamente aguardando el desenlace sentados en las aceras o si decidirán articular un movimiento que acelere el cambio. La pasividad es precisamente el terreno que el gobierno cubano ha fertilizado durante décadas.
La situación en las zonas rurales del oriente del país, específicamente en provincias como Holguín, ofrece un retrato crudo de esta dinámica. En aldeas intrincadas, los pobladores han reconfigurado sus vidas en torno a la ausencia absoluta de electricidad. La adaptación ha llegado a tal extremo que muchas familias han optado por vender sus electrodomésticos, considerados ya inútiles, para adquirir bienes de pura subsistencia: sacos de carbón, sal para conservar alimentos perecederos, mosquiteros y linternas. Es una resignación a una existencia que apenas merece el nombre de vida, un retroceso a la premodernidad.
El contraste es obsceno cuando se observa que, a escasa distancia de estos núcleos poblacionales sumidos en la oscuridad, las unidades militares brillan gracias a generadores electrógenos. Mientras tanto, los campesinos soportan interrupciones del servicio eléctrico que superan los tres días o incluso una semana. En otras zonas, la población ha normalizado un ritmo demencial que los propios habitantes denominan «1 x 24»: una hora de energía por cada veinticuatro de oscuridad total. Esta ecuación matemática de la miseria no solo destruye la economía doméstica, sino que erosiona la salud mental, obligando a reorganizar el ciclo de vida en función de los caprichos de una red eléctrica en ruinas.
En estos escenarios, el caos absoluto se ha instalado bajo la apariencia de la quietud. Para el observador externo, este silencio resulta inquietante, pero para quienes lo habitan, es simplemente la nueva normalidad. El régimen de La Habana es plenamente consciente de este fenómeno y lo administra a su favor. La estrategia consiste en permitir que el caos, enmascarado de resignación, se consolide como una costumbre cotidiana, agotando cualquier impulso de rebelión o exigencia de derechos.
Uno de los efectos más devastadores de este aislamiento no es solo la desinformación impuesta desde arriba, sino la renuncia voluntaria a informarse. Con los teléfonos móviles inoperativos por falta de energía, muchos habitantes rurales ni siquiera han tenido conocimiento de medidas económicas drásticas, como el reciente tarifazo impuesto por la empresa estatal ETECSA. El aislamiento digital no es una consecuencia accidental, sino un efecto colateral que el régimen tolera con agrado. Una población desconectada es una población incapaz de coordinar protestas o de documentar los abusos a los que está sometida.
En estas «zonas cero» de la geografía cubana, la noticia buena y la mala se han vuelto indistinguibles, porque ninguna se traduce en alimento para el día o luz para la noche. La desesperanza se ha institucionalizado. Este modelo de «adaptación al caos» es el verdadero virus que amenaza con metastatizarse por toda la Isla si la sociedad civil comete el error de esperar una implosión milagrosa del sistema. La resignación es el combustible de la longevidad de la dictadura.
Para el gobierno cubano, el caos gestionado es, de hecho, su último «plan de salvación». Cuando las retóricas de «resistencia» se agoten, el colapso total del Estado beneficia a la cúpula dirigente. Un país sumido en la anomia es un territorio inútil para sus aliados geopolíticos, como Rusia y China, quienes apenas cargarán con el «hijo bobo del Caribe» mientras siga rindiendo dividendos estratégicos. Sin embargo, el caos sí es funcional para la cúpula del Partido Comunista, que lo factura a través de ayudas externas que hoy superan con creces los ingresos por turismo y remesas.
Un país apestado por el colapso sistémico disuade cualquier intervención o presión externa directa, pero garantiza que la dictadura pueda gobernar a perpetuidad y en «tranquilidad». El control se ejerce a través de la miseria. No necesitan represión masiva en las calles si la población está demasiado debilitada para salir a ellas. Solo requieren que la gente se adapte, que continúe anestesiada por alcohol de mala calidad, fumando «papelito» y escuchando reguetón, aguardando que el sistema caiga por inercia.
El régimen estimulará esta desesperanza porque comprende una máxima fundamental: lo que ya está en el suelo no puede seguir cayendo. La sociedad cubana debe internalizar esta trampa para no sucumbir a ella. La adaptación al caos es el último muro de contención de la dictadura, y derribarlo exige más que simple espera; exige organización, conciencia cívica y la decisión inquebrantable de no normalizar la aniquilación de la dignidad humana.
Contexto: El colapso energético y la crisis estructural en Cuba
La crisis que atraviesa Cuba no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de décadas de mala gestión, centralización económica y falta de mantenimiento de la infraestructura básica. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ha colapsado repetidamente en los últimos años, incapaz de cubrir la demanda mínima debido a la obsolescencia de las termoeléctricas, la falta de combustibles y la ausencia de inversiones reales en energías renovables. Este déficit estructural ha empujado a la población a una dependencia casi feudal del carbón y la leña.
Paralelamente, el gobierno cubano ha implementado medidas económicas que estrangulan aún más a la población, como la subida desproporcionada de las tarifas de telecomunicaciones por parte de ETECSA, en un intento desesperado por captar divisas frescas. Esta política de «facturar el caos» se complementa con la dependencia de planes de ayuda internacional y el envío de brigadas médicas al extranjero, mecanismos que sostienen las arcas del régimen mientras la población interna se hunde en la pobreza extrema y el desamparo institucional.
Cierre: La urgencia de romper el ciclo de la resignación
La supervivencia en Cuba se ha convertido en un mecanismo de control social de alta eficacia. Mientras la ciudadanía dedique todas sus energías a conseguir un poco de comida o unas horas de luz, la dictadura asegura su continuidad impune. El verdadero desafío para el futuro de la nación radica en superar la trampa de la «resistencia creativa», un eufemismo oficial para la rendición incondicional ante el abuso de poder. Solo a través de la articulación ciudadana, la denuncia internacional y el rechazo frontal a la normalización del caos será posible forzar una transición hacia la democracia y la recuperación de la soberanía popular.
