El opositor Yosvani Rosell García Caso, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, se encuentra en pronóstico reservado tras casi un mes de inanición. Su esposa denunció el severo deterioro físico del recluso, quien exige su libertad incondicional frente a la indiferencia institucional y el silencio de las autoridades penitenciarias.
Trasladado a la Sala de Penados del Hospital Clínico Quirúrgico \»Lucía Íñiguez Landín\» de Holguín, García Caso permanece aislado y con una debilidad extrema que le impide comunicarse con normalidad. Según relató su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, tras una visita al centro hospitalario, el equipo médico reconoció la gravedad de su estado. Sin embargo, la atención se ha visto obstaculizada por la negativa del recluso a ser intervenido, manteniendo firme su postura de protesta pacífica hasta tanto no se garantice su excarcelación.
García Caso, de 37 años, fue sancionado bajo el cargo de \»sedición\», imponiéndole una de las penas más severas entre los más de 1.000 procesados a raíz del estallido social de 2021. Durante su encierro, la dictadura cubana ha ejercido contra él un patrón constante de crueldad institucional, incluyendo palizas, confinamiento en celdas de castigo y la negación sistemática de asistencia médica como represalia por no doblegarse ante el poder. Ante la inminencia de su estado físico, el activista ha solicitado la asistencia religiosa del obispo auxiliar de la Diócesis de Holguín, Marcos Pirán Gómez.
Desdén institucional y impacto familiar
La situación ha generado una profunda zozobra en su entorno familiar, incluidos sus tres hijos, de siete, nueve y 17 años, de los cuales solo la mayor está al tanto de la huelga de hambre para proteger a los menores. Mientras tanto, las autoridades de la isla han mantenido una posición de absoluto desdén. Rodríguez Sánchez señaló que la única interacción recibida por parte de la Seguridad del Estado fue un comentario cínico en los primeros días de la protesta, argumentando que el opositor había \»escogido muy mal momento\» porque la prioridad gubernamental era la atención a los estragos de un ciclón en la región oriental, minimizando así el riesgo de muerte del activista.
El caso de García Caso ilustra de manera cruenta la crisis estructural de violaciones a los derechos humanos que persiste en la isla, donde el encarcelamiento arbitrario, las condenas desproporcionadas y las condiciones inhumanas de prisión se utilizan como herramientas de aniquilación y control social. Ante la gravedad extrema de su estado de salud, la presión de la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos resulta urgente para exigir al régimen de La Habana la liberación inmediata de los presos políticos del 11J y el cese de la maquinaria represiva que está costando la vida de los ciudadanos que se atreven a disentir.
