Decenas de residentes en varios barrios de Santiago de Cuba salieron a las calles por segundo día consecutivo para protestar por los prolongados apagones que superan las tres semanas desde el paso del huracán Melissa. Las movilizaciones, reprimidas con un fuerte despliegue policial, evidencian el abandono institucional y el colapso de los servicios básicos en el oriente de la isla, donde más del 85% de la población permanece sin energía eléctrica.
Las protestas se registraron en comunidades vulnerables como La Loma de Chicharrones, Micro 9, Altamira, Ciudamar y el barrio San Pablo, en el distrito José Martí. En este último, decenas de personas se congregaron frente a la escuela de construcción civil Renato Guitart para exigir el restablecimiento del fluido eléctrico. Ante la indignación ciudadana, la dictadura cubana respondió con la militarización de la zona, enviando patrullas y vehículos de transporte de presos para contener a los manifestantes, en lugar de ofrecer soluciones inmediatas a la crisis.
Testimonios recogidos en redes sociales detallan la grave situación que enfrentan los santiagueros. Una residente del barrio San Pablo identificada como Ana Eglis Sánchez Cutiño denunció que la comunidad lleva más de 20 días sin corriente, sumida en una crisis epidemiológica, con viviendas dañadas y escasez de alimentos. En el reparto Altamira, escenarios similares llevaron a los vecinos a bloquear vías, cuestionando por qué su sector permanecía a oscuras mientras otras calles del mismo circuito ya habían sido reconectadas. La respuesta de las autoridades de la isla se limitó a enviar patrullas policiales, las cuales no lograron dispersar a una población desesperada que incluso retuvo a un vehículo de la Empresa Eléctrica hasta exigir respuestas concretas.
Un colapso estructural que agudiza la crisis social
El estallido social en Santiago de Cuba no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la incapacidad del régimen de La Habana para mantener la infraestructura básica del país. El paso del huracán Melissa dejó al descubierto la fragilidad del sistema electroenergético nacional, sumido en un deterioro progresivo por falta de mantenimiento e inversiones. En el oriente cubano, más del 85% de la población sigue sin electricidad, lo que ha derivado también en la escasez de agua potable y alimentos, exacerbando una crisis sanitaria que el ejecutivo cubano ha sido incapaz de controlar.
La persistencia de estos apagones y la represión ante el descontento popular auguran un escenario de creciente inestabilidad en la isla. La falta de expectativas de mejora en los servicios públicos, unida a la indolencia institucional, podría detonar nuevas movilizaciones en otras provincias. Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene su atención sobre la crisis humanitaria cubana, ante un gobierno que prioriza el control policial sobre el bienestar de sus ciudadanos, profundizando el sufrimiento de una población que ya soporta los peores indicadores de calidad de vida de las últimas décadas.
