El opositor cubano Luis Enrique López Torres ha denunciado una nueva escalada de hostigamiento en su contra, ejecutada por vecinos de su localidad bajo presunta dirección de los órganos de inteligencia. Las amenazas de muerte y el montaje judicial en su contra evidencian la persistencia de la represión selectiva contra la disidencia en la isla.
López Torres, residente en el municipio habanero de La Lisa, aseguró que la pareja que habita la vivienda colindante a la suya mantiene un hostigamiento constante con el objetivo de provocar una agresión física que permita encausarlo penalmente. Según relató, los acosadores obstruyen el paso en el estrecho pasillo donde reside y utilizan la música a alto volumen durante la noche para impedirle el descanso, una táctica de desgaste psicológico frecuente en operaciones contra activistas.
La situación escaló en agosto de 2024, cuando uno de los vecinos lo amenazó con \»arrancarle la cabeza de un machetazo\». Aunque el opositor presentó grabaciones como prueba ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el juicio celebrado en junio en el Tribunal Municipal de Playa omitió la gravedad de la amenaza. El régimen de La Habana limitó el proceso a un enfoque sobre la postura política del activista y resolvió el caso con una simple multa para el agresor, quien en el audio se jactaba de la inoperancia policial.
Montajes y manipulación de testigos
El accionar contra López Torres incluye intentos de vincularlo con delitos comunes mediante testigos falsos. Lázara Sandra Arias Ramos, vecina de la zona, certificó que la jefa de sector y los acosadores intentaron obligarla a denunciar al opositor por venta ilícita de medicamentos. Arias Ramos desmintió la acusación, aclarando que López Torres le había regalado los fármacos que necesitaba, y denunció la presión de las autoridades para incriminarlo falsamente.
Este patrón de acoso se intensificó tras el interrogatorio al que fue sometido en mayo pasado en Villa Marista, sede principal de la dictadura cubana para operaciones de inteligencia. Durante el encuentro, un instructor intentó vincular al activista, miembro actual de Cuba Independiente y Democrática (CID), con la organización Cuba Primero y lo acusó de recibir financiamiento del extranjero, una táctica habitual para justificar la criminalización de la oposición.
El caso de López Torres ilustra el mecanismo sistemático de la dictadura cubana para silenciar la disidencia: utilizar a ciudadanos comunes como herramientas de represión mientras el aparato judicial y policial garantiza la impunidad de los agresores. Pese a haber presentado múltiples denuncias en la Séptima Estación de la PNR, en la Fiscalía Municipal y en la Dirección General de la policía, el activista asegura sentir temor por su vida ante la inacción institucional. Esta situación refleja el colapso del estado de derecho en Cuba, donde la persecución política se ejecuta sin contrapesos, dejando a los opositores en un estado de total indefensión frente a la maquinaria represiva del Estado.
