Las autoridades penitenciarias del Combinado de Sandino, en Pinar del Río, han negado de forma anticipada la progresión a régimen de mínima severidad y la libertad condicional al preso político Yasser Fernando Rodríguez González. El recluso, quien ya ha cumplido más de la mitad de una sentencia de siete años por disentir del régimen, denunció graves irregularidades administrativas y nuevas arbitrariedades por parte de la Seguridad del Estado.
Desde el centro penitenciario de máxima severidad, Rodríguez González relató que al consultar sobre sus beneficios legales a finales de septiembre, una oficial identificada como \»Chala\» le entregó un documento rechazando ambas solicitudes. Lo más alarmante del expediente es la fecha de emisión del mismo, fechada de manera irregular el 1 de noviembre de 2025, un hecho que la militar no supo justificar. Ante esta anomalía, el oficial de la Seguridad del Estado apodado \»Mario\» argumentó que la negativa respondía al tiempo que el recluso pasó en aislamiento, una afirmación que el activista desmintió al asegurar que su separación fue voluntaria y no un castigo disciplinario impuesto por las autoridades.
El preso político también denunció que su traslado al Combinado de Sandino se realizó bajo engaño, haciéndole creer que sería reubicado en La Habana. Esta maniobra burocrática no solo aísla al recluso de su entorno, sino que impone una carga económica y logística insostenible a sus familiares, quienes deben afrontar viajes prolongados y costos elevadísimos en medio de la crisis nacional para visitarle en el extremo occidental de la isla.
Yasser Fernando Rodríguez González, de 42 años y oficio albañil, fue privado de libertad el 25 de noviembre de 2020 como represalia por colgar carteles contra la dictadura en la fachada de su hogar y expresar su postura en redes sociales. Tras pasar más de un año encarcelado sin juicio, el régimen de La Habana lo condenó a siete años de prisión por el presunto delito de \»incitación a la rebelión\». Según el Reglamento de Cárceles y Prisiones vigente en Cuba, un recluso primario tiene derecho a optar por la libertad condicional al extinguir la mitad de la sanción, y a la progresión de régimen tras cumplir una quinta parte, requisitos legales que Rodríguez González supera con creces y que las autoridades de la isla ignoran sistemáticamente.
Represión institucional y vulneración de la ley
El caso de Rodríguez González ilustra el patrón sistemático de la dictadura cubana de utilizar el aparato judicial y penitenciario para silenciar la disidencia, incumpliendo incluso sus propias normativas internas con tal de prolongar el cautiverio de los opositores. Esta negativa de beneficios, fundamentada en argucias administrativas y falsos argumentos disciplinarios, se suma a las múltiples violaciones de derechos humanos que persisten en las prisiones de la isla. Ante la inexistencia de garantías procesales y el colapso del estado de derecho en el país, la presión de la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos resulta indispensable para exigir la liberación incondicional de los presos políticos y el cese de las tácticas de hostigamiento contra sus familias.
