Una ciudadana cubana denunció públicamente la supuesta falsificación de un poder notarial en Bauta, Artemisa, mediante el cual se pretende despojar a su abuelo de 92 años de su única vivienda. El caso, que cuenta con una denuncia formal por falsificación de documentos públicos, expone una vez más la vulnerabilidad de los ancianos y la profunda crisis institucional que atraviesa la isla.
Yenisey González reveló a través de redes sociales que un documento legal de 15 apartados fue emitido supuestamente a nombre de su abuelo, un hombre con severas limitaciones visuales y auditivas, sin su consentimiento ni el de sus familiares. En un video compartido como prueba, el anciano rechaza de plano la validez del documento y asegura que jamás acudió a una notaría para otorgar dicha autorización, calificando el acto de cruel tras haber perdido recientemente a su esposa y una hija, quedando únicamente bajo el cuidado de su nieta y bisnieta.
La denunciante detalló que el falso poder notarial no solo despoja al nonagenario de su hogar, sino que revoca de manera oculta un poder anterior que el anciano había otorgado a su nieta, copropietaria del inmueble. Según relató, al momento de la supuesta firma, todos los familiares se encontraban fuera del país, lo que deja serias dudas sobre el papel de las autoridades notariales y la inexistencia de una red de protección social para adultos mayores en situación de abandono.
Corrupción institucional y desamparo social
El incidente en Artemisa no es un hecho aislado, sino un reflejo del colapso institucional y la proliferación de redes de corrupción que azotan al sistema de vivienda en Cuba. Bajo la administración del régimen de La Habana, la falta de control, la impunidad y el desabastecimiento han convertido los trámites burocráticos en espacios propicios para el fraude y el despojo. Mientras el gobierno cubano mantiene un discurso oficial ajeno a la realidad cotidiana, ciudadanos comunes, especialmente los ancianos, quedan a merced de mafias que operan amparadas en la complicidad o la ineficiencia de funcionarios estatales.
De acuerdo con la investigación preliminar realizada por la familia, el individuo beneficiado por el poder apócrifo habría recorrido diversas instituciones estatales —incluyendo planificación física, bufetes y la dirección municipal de vivienda— con el presunto objetivo de vender la propiedad. La denuncia ha generado un fuerte rechazo en redes sociales, donde numerosos ciudadanos han exigido justicia y señalado directamente la corrupción arraigada en los organismos encargados de regular la tenencia de inmuebles en la isla.
La familia ha asegurado que continuará con las acciones legales hasta que se esclarezca la responsabilidad de los implicados en la trama y se restituyan los derechos sobre la vivienda. Sin embargo, ante un sistema judicial subordinado a la dictadura cubana, donde la justicia transita por veredas politizadas y la corrupción goza de frecuente impunidad, el panorama para este anciano y su familia se presenta adverso. El caso pone sobre la mesa la urgente necesidad de mecanismos reales de protección civil que el Estado continúa negando a su población.
