En medio de una aguda crisis epidemiológica por el aumento de casos de dengue y chikungunya, la empresa estatal Tiendas Caribe ha comenzado a comercializar repelentes contra mosquitos exclusivamente en divisas extranjeras. La iniciativa, promovida en redes sociales desde un establecimiento en La Habana, ha desatado la indignación ciudadana al evidenciar cómo el poder convierte una urgencia sanitaria en un negocio inaccesible para la mayoría de la población.
La promoción fue difundida por la cadena minorista a través de sus perfiles oficiales, ofreciendo el producto bajo el lema de protección contra los zancudos en la tienda del Hotel Kohly, en la capital. Los precios oscilan entre 1,50 y 2,20 dólares, exigibles únicamente mediante tarjetas internacionales o efectivo en moneda libremente convertible (MLC). Tiendas Caribe opera bajo el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial controlado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que subraya el carácter militarizado de la principal red minorista del país.
El costo de estos artículos resulta prohibitivo para el cubano promedio. Según la Tasa Representativa del Mercado Informal publicada por el medio independiente El Toque, un dólar se cotiza en 465 pesos cubanos. Esto significa que un simple repelente de 2,20 dólares supera los 1.023 pesos, una cifra que equivale a casi la mitad del salario mínimo mensual en la isla, establecido en 2.100 pesos. Ante esta realidad, la promoción ha sido tildada en redes sociales como una \»falta de respeto\», denunciando que amplios sectores de la población carecen de acceso a divisas para protegerse de las epidemias.
Colapso sanitario y escasez de recursos
La polémica comercial surge en un momento en que las autoridades de la isla reconocen una situación sanitaria crítica. La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, admitió públicamente que Cuba atraviesa una etapa \»particularmente compleja\» debido a los altos índices vectoriales del mosquito Aedes aegypti. La funcionaria vinculó el agravamiento de la crisis de arbovirosis a la escasez de combustible, lo que imposibilita llevar a cabo las fumigaciones a gran escala que el Estado solía ejecutar en décadas anteriores.
Esta dinámica refleja un patrón recurrente del gobierno cubano frente a las crisis estructurales: la transferencia de la responsabilidad y el costo hacia la ciudadanía. Mientras la infraestructura estatal para el control de epidemias colapsa por la ineficiencia del sistema y la falta de recursos, la oferta de insumos básicos de salud se restringe a los circuitos de recaudación de divisas. Como denunció el periodista José Raúl Gallego, donde para los cubanos hay miseria y sufrimiento, para la dictadura existe una oportunidad de lucro.
La incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar medidas preventivas gratuitas o accesibles en moneda nacional augura un empeoramiento de los índices de morbilidad en los próximos meses. La comercialización de repelentes en dólares no solo profundiza la desigualdad social, sino que demuestra una vez más el abandono institucional que enfrenta la población, obligada a sobrevivir a las epidemias en medio de la profunda crisis económica y el desmantelamiento de los servicios públicos que atraviesa el país.
