Las autoridades sanitarias de la provincia de Holguín declararon alerta por la presencia de arbovirosis en sus 14 municipios, mientras el régimen de La Habana insiste en minimizar la gravedad de la crisis frente a un sistema de salud visiblemente deteriorado. La circulación simultánea de dengue, chikungunya y oropouche expone la vulnerabilidad de la población ante la falta de recursos médicos básicos y la inoperancia de la infraestructura hospitalaria.
La directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Holguín, Geanela Cruz Ávila, admitió la presencia de casos en la mayoría de los territorios, clasificando a ocho municipios —incluyendo Holguín, Moa y Mayarí— como zonas de alto riesgo. Aunque la funcionaria señaló que no hay transmisión activa demostrada, confirmó la circulación del serotipo cuatro del dengue y la aparición de chikungunya en el poblado de Cristino Naranjo, en Cacocum, urgiendo a la población a acudir a consulta ante cualquier síndrome febril.
Las advertencias desde el territorio holguinero contrastan con la narrativa oficial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). El director nacional de Epidemiología, Francisco Durán García, negó recientemente los rumores sobre muertes masivas en Matanzas y aseguró que el sistema de salud \»responde\» a la emergencia, reportando solo cuatro pacientes hospitalizados por dengue a nivel nacional. Sin embargo, la realidad que padecen los cubanos dista radicalmente de esta versión institucional, evidenciando un descontrol que las autoridades de la isla intentan ocultar.
El contexto de crisis y abandono institucional
La propagación de estos virus no es un fenómeno aislado, sino consecuencia directa de la crisis estructural que sufre la nación. La acumulación incontrolada de basura, la deficiencia en el suministro de agua y la falta de fumigación constante crean el caldo de cultivo ideal para los mosquitos vectores. A esto se suma el estado deplorable de los centros médicos, muchos de los cuales operan sin higiene, con baños inutilizables y una escasez crítica de medicamentos e insumos para tratar a los infectados, obligando a las familias a buscar recursos por cuenta propia.
La incapacidad del gobierno cubano para garantizar un entorno salubre y atención médica digna deja a la ciudadanía en total desamparo frente a estas enfermedades. Mientras la dictadura cubana se dedica a maquillar las cifras y negar la magnitud del desastre sanitario, la población enfrenta el riesgo de un brote letal sin las herramientas mínimas para protegerse, augurando un escenario de profundización de la crisis humanitaria si no se adoptan medidas reales que frenen el colapso.
