El régimen de La Habana emitió un comunicado asegurando que no dispone de datos precisos sobre ciudadanos cubanos combatiendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, descartando cualquier implicación del Estado en el conflicto. La declaración institucional llega días después de que asesores ucranianos y legisladores de Estados Unidos revelaran que Moscú habría reclutado a unos 20.000 nacionales de la isla para el frente de batalla.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), el gobierno cubano afirmó que los nacionales identificados en el conflicto bélico actúan por cuenta propia, sin el \»estímulo, compromiso o consentimiento\» del Estado. La respuesta se produce tras la difusión de un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos, que insta a sus diplomáticos a desestimar la resolución de la ONU contra el embargo y a exponer el respaldo de La Habana a la ofensiva rusa. En sus redes sociales, Miguel Díaz-Canel calificó las acusaciones de \»mendaces\» y defendió la inocencia del ejecutivo cubano frente a la comunidad internacional.
Sin embargo, las afirmaciones de las autoridades de la isla contrastan con los testimonios presentados en una sesión informativa liderada por el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart. Durante el encuentro, asesores del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, detallaron que Rusia ha reclutado a aproximadamente 20.000 ciudadanos cubanos para combatir en Ucrania. Vladyslav Vlasyuk, asesor en materia de sanciones, confirmó que han identificado físicamente a más de 1.000 de estos combatientes, quienes reciben un salario promedio de 2.000 dólares mensuales y cuya esperanza de vida en el frente no supera los 150 días tras firmar el contrato.
Represión interna y procesos judiciales
Para respaldar su presunta neutralidad, el MINREX detalló que desde 2023 han iniciado nueve procesos penales por el delito de mercenarismo contra 40 imputados, resultando en 26 condenas con penas de hasta 14 años de prisión. Estas cifras son presentadas por la dictadura cubana como prueba de su labor para neutralizar el reclutamiento interno, aunque la opacidad del sistema judicial de la isla impide verificar la veracidad o el alcance real de estos procesos. Mientras tanto, organizaciones como la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) continúan documentando casos específicos, como la reciente captura por parte de fuerzas ucranianas de Ernesto Michel Pérez Alvelaes, un joven nacido en Trinidad integrado en una brigada motorizada rusa.
El escándalo de los mercenarios enmarca la profunda crisis estructural que atraviesa la isla, donde el colapso económico, la inflación galopante y el desabastecimiento empujan a miles de jóvenes a buscar alternativas desesperadas, incluso arriesgando su vida en un conflicto bélico internacional. La dependencia del régimen de La Habana hacia aliados como Rusia ha facilitado un escenario donde la vulnerabilidad de la población es explotada para fines geopolíticos, mientras el Estado evade su responsabilidad directa.
Las implicaciones de este caso trascienden las fronteras de Ucrania y representan un severo golpe diplomático para el gobierno cubano. La creciente presión de la comunidad internacional, encabezada por Washington y Kiev, amenaza con aislar aún más a la isla, evidenciando que la narrativa oficial de no injerencia se desmorona frente a las crecientes evidencias de complicidad y tráfico de personas en el marco de la guerra.
