El Sistema Nacional de Salud de Cuba sufrió la pérdida de 5.399 médicos en el último año, según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Esta sangría, que reduce la plantilla del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) a 75.364 galenos, evidencia el acelerado deterioro de la infraestructura médica en la isla y el impacto directo de la crisis migratoria en la prestación de servicios básicos a la población.
El Anuario Estadístico de Cuba 2024 expone tendencias negativas en todas las especialidades, pero la caída más drástica se registra en la atención primaria. El número de médicos de familia, pilar fundamental del sistema comunitario, se desplomó un 53 %, pasando de 27.535 a apenas 12.912 en un solo año. Aunque las autoridades de la isla dejaron de publicar los datos desglosados sobre el personal destinado al exterior, esta aparente contradicción sugiere que muchos profesionales no abandonaron el sistema, sino que fueron trasladados a las llamadas \»misiones internacionalistas\», una fuente primordial de divisas para el régimen de La Habana.
La fuga de talento no se limita a los facultativos. Desde 2021, tras el estallido de la crisis de la COVID-19, el sector ha perdido a más de 77.500 trabajadores sanitarios, incluyendo enfermeros, estomatólogos, farmacéuticos y técnicos. A este vaciamiento de capital humano se suma el colapso físico de las instalaciones: en el último año se registraron 1.413 camas menos en los servicios asistenciales, acumulando una pérdida de 4.782 camas en apenas dos años. Como resultado de esta contracción sostenida, la cantidad de habitantes por médico aumentó de 103 a 131 en el último cuatrienio.
La exportación de médicos frente al colapso interno
La crisis estructural de retención del personal sanitario responde a una combinación de bajos salarios, sobrecarga laboral y escasez crónica de insumos médicos. Mientras el gobierno cubano prioriza el envío de profesionales al extranjero para captar divisas —de las cuales se reinvierte menos del 2 % en el sistema público nacional—, los hospitales y policlínicos dentro de la isla enfrentan una escasez creciente de recursos. Esta política evidencia cómo la dictadura cubana mercantiliza a sus profesionales y subordina la salud pública nacional a sus intereses económicos, comprometiendo irreversiblemente la atención básica de la ciudadanía y agravando la desigualdad en el acceso a los servicios.
Las cifras oficiales, pese a su carácter parcial y la opacidad en los datos sobre el personal en el exterior, confirman que el éxodo sanitario es una tendencia sostenida que cuestiona la viabilidad del modelo de salud cubano. El deterioro progresivo de la infraestructura hospitalaria y la falta de incentivos auguran un escenario aún más crítico para el pueblo cubano. Ante esta emergencia silenciada, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán exigir transparencia sobre las condiciones de explotación laboral de los médicos enviados al exterior y presionar para que los recursos generados por su trabajo se destinen a paliar la profunda crisis que sufre la población en la isla.
