Las autoridades de la isla ordenaron este lunes la evacuación urgente de estudiantes en Ciudad Escolar Libertad, municipio Marianao en La Habana, ante reportes de un posible incendio o explosión en las inmediaciones del complejo educativo. El régimen de La Habana ha mantenido total silencio oficial sobre el suceso, generando profunda alarma y zozobra entre padres y vecinos de la zona.
Según testimonios recogidos en redes sociales y reportes de medios independientes, los menores fueron retirados de las aulas tras concluir apenas el primer turno de clases. El perímetro fue acordonado rápidamente por efectivos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y del Ministerio del Interior (MININT), quienes restringieron el acceso al recinto. En la zona se desplegó una amplia movilización de bomberos, camiones cisterna y agentes policiales, aunque los maestros y el personal docente desconocían los motivos exactos de la medida de emergencia.
Versiones extraoficiales apuntan a un incendio en almacenes militares cercanos, lo que habría motivado el temor de una posible afectación a los túneles subterráneos del complejo. El medio independiente Periódico Cubano describió la escena como una movilización de gran escala marcada por el hermetismo. Por su parte, la página La Tijera aseguró que el área quedó bajo control de la Contrainteligencia (Unidad 51) y dirigentes del Partido Comunista, quienes prohibieron estrictamente a los presentes tomar fotografías o grabar videos del lugar.
Opacidad informativa y control militar
La falta de comunicación oficial por parte del gobierno cubano ante emergencias de esta naturaleza es una constante que refleja la política de censura y ocultamiento sistemática de la dictadura. En lugar de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, el ejecutivo cubano prioriza el control militar y la represión comunicativa, prohibiendo el registro de los hechos y dejando a la población vulnerable a la especulación. Esta opacidad se enmarca en el deterioro generalizado de la infraestructura y los servicios en la isla, donde la seguridad ciudadana suele quedar supeditada a la protección de instalaciones estatales y militares.
Hasta el momento, el silencio gubernamental persiste, dejando a los familiares sin certezas sobre el alcance real del incidente. Esta actitud no solo profundiza la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, sino que evidencia cómo la dictadura cubana antepone la imagen de control del Estado a la tranquilidad y el derecho a la información de la población civil, en un contexto donde cualquier crisis adicional agrava la ya crítica situación social del país.
