Un hombre de 74 años, identificado como Luis Ángel Ocampo Velázquez, lleva más de una semana en paradero desconocido tras salir de su domicilio en el municipio de Jovellanos, Matanzas. La búsqueda, liderada por sus familiares ante la ineficacia de las autoridades de la isla, evidencia nuevamente la falta de protocolos estatales para localizar a personas desaparecidas en el país.
La denuncia fue hecha pública a través de las redes sociales por su nieta, Zea Giselle, quien detalló que el anciano abandonó su hogar en la madrugada con el objetivo de cortar leña. Su última ubicación conocida corresponde a la zona de los apartamentos de El Doce, en Carlota, Jovellanos, donde residía. Aunque se desconoce la vestimenta exacta que llevaba en el momento de su salida, sus allegados señalaron que solía vestir pantalón y pullover. Ocampo Velázquez goza de plenas facultades mentales, según confirmó su familia, descartando así la posibilidad de una desorientación por demencia senil.
A pesar de que los familiares han interpuesto las denuncias correspondientes ante la policía y han organizado operativos de búsqueda por cuenta propia, los resultados han sido infructuosos. La ciudadanía ha sido convocada a colaborar con cualquier información a través del número de contacto +5351309467. Esta dinámica de búsqueda autónoma se ha vuelto una constante en la isla, donde el régimen de La Habana no cuenta con infraestructura ni voluntad para asistir a la población en situaciones de esta naturaleza.
Ausencia de protocolos estatales y crisis institucional
El caso de Ocampo Velázquez pone de relieve una deficiencia estructural más profunda: la inexistencia de mecanismos oficiales para visibilizar y rastrear a personas desaparecidas, independientemente de si se trata de menores de edad o adultos mayores. Mientras en otras naciones operan sistemas como la Alerta Amber para movilizar rápidamente a la sociedad y a las fuerzas del orden, en Cuba la dictadura omite la implementación de herramientas similares. Esta omisión obliga a la sociedad civil a recurrir a plataformas digitales para suplir las funciones básicas de seguridad que el Estado debería garantizar.
La indolencia del ejecutivo cubano frente a estos episodios agrava la vulnerabilidad de una población ya asediada por la crisis económica, el desabastecimiento energético y el colapso de los servicios públicos. Mientras los ciudadanos se ven forzados a actuar como instituciones de rescate, la inacción gubernamental continúa exponiendo a los sectores más frágiles, como los adultos mayores, a un creciente riesgo de abandono y desaparición en medio de la profunda crisis sistémica que atraviesa la nación.
