El Primer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos levantó la suspensión que frenaba la terminación del programa de ‘parole’ humanitario, permitiendo al gobierno de Donald Trump avanzar con la revocación del estatus legal de más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La decisión judicial deja en una profunda vulnerabilidad a los beneficiarios, quienes ahora enfrentan la pérdida de su permiso de trabajo y estancia en el país.
El tribunal de apelaciones revirtió la orden preliminar dictada en abril por la jueza Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, quien había frenado la medida al considerar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no realizó evaluaciones caso por caso. Sin embargo, la corte superior determinó que los demandantes no demostraron de manera contundente que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional de poner fin al programa excediera la discreción conferida por la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Esta resolución judicial se suma al fallo de la Corte Suprema de EE. UU. emitido a finales de mayo, cuando el máximo tribunal ya había levantado la medida cautelar que mantenía detenida la terminación masiva de estos permisos. El DHS notificó en marzo, a través del Registro Federal, el fin de los procesos de ‘parole’, otorgando un periodo de 30 días para finalizar los permisos vigentes, salvo determinación individual. Con el respaldo de las cortes, las autoridades migratorias estadounidenses avanzan hacia la cancelación definitiva de las autorizaciones de empleo basadas en este programa.
El colapso sistémico y el éxodo cubano
Para la comunidad cubana, esta medida judicial representa un golpe devastador que se suma a la incertidumbre generada por el éxodo masivo. Los cientos de miles de isleños que acudieron al programa CHNV lo hicieron huyendo de la profunda crisis económica, la hiperinflación, el desabastecimiento y la constante represión social impuesta por la dictadura cubana. El régimen de La Habana, lejos de garantizar condiciones de vida dignas o libertades fundamentales, ha mantenido su política de asfixia interna, empujando a la ciudadanía a la migración como única vía de supervivencia.
El panorama futuro para los beneficiarios del ‘parole’ es de extrema fragilidad. La pérdida del estatus legal y del permiso de trabajo colocará a miles de cubanos ante el riesgo inminente de deportación, lo que podría obligar a muchos a buscar rutas migratorias irregulares aún más peligrosas o a enfrentar el retorno a una isla bajo el control de un gobierno que criminaliza la disidencia y ahoga cualquier oportunidad de progreso. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos observan cómo el endurecimiento de las políticas migratorias en EE. UU. choca frontalmente con la realidad de quienes escapan de regímenes autoritarios.
