Al menos una docena de profesionales de la salud ha roto sus vínculos con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC) en Italia, revelando un sistema de coacción que va desde la confiscación de títulos universitarios hasta amenazas directas de la jefatura de la misión para evitar nuevas deserciones.
El éxodo de galenos se ha concentrado principalmente en las provincias italianas de Cosenza, Vibo Valentia y Catanzaro. En las últimas semanas, cinco especialistas han abandonado el programa estatal, integrándose a la sanidad privada europea, emigrando a España o cesando el pago de las remesas obligatorias exigidas por el gobierno cubano. Esta decisión, catalogada inmediatamente como \»deserción\» por las autoridades de la isla, expone a los profesionales a severas represalias, incluyendo la prohibición de regresar a su país por un periodo de ocho años.
Chantaje académico y vigilancia en las misiones
Testimonios de médicos que lograron independizarse en Italia detallan cómo el régimen de La Habana utiliza la retención de credenciales académicas como herramienta de chantaje. Al no tener acceso a sus propios diplomas ni a la certificación de habilitación, los galenos quedan atados a la misión estatal, ya que sin estos documentos legalizados y apostillados les resulta imposible ejercer de forma autónoma en el país europeo. La dictadura cubana mantiene así un control absoluto sobre la movilidad profesional de sus ciudadanos en el extranjero, vulnerando su derecho al trabajo libre.
La situación para los médicos que aún permanecen en el programa se ha vuelto insostenible tras recientes investigaciones periodísticas. Dos doctoras han denunciado un endurecimiento en las medidas de vigilancia y represión por parte de los jefes de la misión. Las profesionales aseguran tener miedo incluso de comunicarse por teléfono, tras recibir amenazas explícitas de que la jefatura posee métodos para identificar a quienes revelan las condiciones de explotación dentro del sistema.
Esta política de retención documental no es un hecho aislado, sino una directiva institucionalizada. Desde 2017, una circular de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) prohíbe la legalización de expedientes académicos y laborales para profesionales de la salud que abandonan misiones en el extranjero, una práctica que también ha sido denunciada por médicos cubanos emigrados en España. Iniciativas de derechos humanos advierten que esta medida restringe deliberadamente la libertad de los galenos, atándolos a un modelo de explotación laboral disfrazado de cooperación médica.
El colapso de este esquema de control en Europa evidencia el agotamiento de la ciudadanía frente a las políticas extractivas del Estado. A medida que más profesionales arriesgan su estabilidad para recuperar su autonomía, la comunidad internacional y las autoridades sanitarias europeas enfrentan el reto de blindar mecanismos legales que protejan a estos trabajadores de la persecución transnacional ejercida por el ejecutivo cubano.
