La doctora en Estomatología Yislainet Lara denunció que las autoridades educativas de la isla negaron el acceso a la escuela a su hijo de seis años, diagnosticado con autismo severo, ignorando el dictamen del sistema de salud pública y vulnerando su derecho a la educación.
En un mensaje divulgado en redes sociales, Lara mostró la documentación que certifica la discapacidad intelectual moderada de Félix Berto y calificó la medida del Ministerio de Educación (MINED) como una clara violación de los derechos del menor. La profesional sostuvo que la institución ignoró el diagnóstico médico, arrebatando al infante su derecho legítimo y universal de recibir enseñanza en un centro adaptado a sus necesidades.
La exclusión ocurrió en medio del inicio del curso escolar, cuando el régimen de La Habana celebraba la incorporación de más de un millón y medio de estudiantes a las aulas. Sin embargo, en lugar de garantizar a Félix Berto un espacio en una escuela especial —donde tendría acceso a atención pedagógica, transporte y socialización con sus pares—, las autoridades indicaron a la madre que la atención debía recaer en la comunidad, sin ofrecer ninguna estructura académica que respaldara dicha indicación.
Discurso oficial versus abandono institucional
Este caso evidencia la profunda brecha entre la retórica gubernamental de inclusión educativa y la precariedad real que enfrentan las familias cubanas con miembros discapacitados. El colapso de los servicios públicos en la isla ha dejado a la población vulnerable en una situación de total desamparo, donde las promesas de atención especializada chocan con la falta de recursos, infraestructura y políticas efectivas por parte del ejecutivo cubano.
Al visibilizar esta injusticia, Lara advirtió que no cesará en su empeño por exigir el respeto a los derechos de su hijo. La situación de este menor refleja la política de marginación y falta de garantías de la dictadura cubana hacia los sectores más vulnerables, un patrón de negligencia institucional que continúa evidenciando el fracaso del sistema para proteger a los ciudadanos que más necesitan asistencia estatal.
