La Unión Naval de Perú, agrupación que reúne a oficiales retirados de la Marina de Guerra, ha solicitado formalmente a la presidenta Dina Boluarte la reducción de relaciones diplomáticas con el régimen de La Habana al nivel estrictamente consular y la inmediata salida del país del embajador cubano, Carlos Zamora Rodríguez, ante el riesgo de injerencia en las próximas elecciones generales de 2026.
En una misiva emitida desde Lima, la organización militar fundamenta su petición en motivos de seguridad interna, respondiendo a las recientes declaraciones de la mandataria peruana, quien aseguró que Perú no seguirá el camino de naciones fallidas como Cuba. La Unión Naval advierte sobre el papel históricamente desestabilizador del gobierno cubano en la región, señalando su responsabilidad en la profundización de la crisis venezolana y en la inestabilidad política de naciones como Nicaragua, Colombia, Chile y Bolivia.
El documento eleva acusaciones graves contra el diplomático, conocido con el alias \»El Gallo\». Citando testimonios de exagentes de inteligencia, la agrupación sostiene que Zamora y su esposa operarían como agentes de inteligencia entrenados, utilizando su inmunidad diplomática para ejecutar acciones clandestinas de proselitismo y fomentar el caos interno. Bajo esta óptica, la presencia del representante de la dictadura cubana se convierte en un factor de riesgo directo para la institucionalidad y la tranquilidad peruana.
Cooperación opaca y brigadas médicas sin rendición de cuentas
El pronunciamiento también cuestiona la gestión de la diplomacia cubana durante el gobierno de Pedro Castillo. Los oficiales en retiro señalaron como alarmante una reunión no registrada oficialmente entre el entonces ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, y el embajador Zamora, bajo el pretexto de explorar cooperación en seguridad ciudadana. A esto se suma la llegada en junio de 2022 de un contingente de 85 profesionales de la salud cubanos, cuya labor y paradero actual permanecen sin esclarecimiento público por parte de las autoridades de la isla o el ejecutivo peruano de entonces.
Presión política para blindar el proceso electoral de 2026
Voces de alto perfil han sumado peso a esta exigencia. El almirante retirado y excongresista Carlos Tubino advirtió sobre la manipulación que el funcionario cubano podría ejercer en el futuro proceso electoral, urgiendo a Lima a actuar con firmeza. Por su parte, el exintegrante del GEIN José Luis Gil enfatizó la nula dependencia comercial o estratégica de Perú hacia el régimen de La Habana, sugiriendo que la medida no acarrearía costos para el país andino. Esta solicitud refleja una creciente preocupación regional frente a los mecanismos de injerencia de la dictadura cubana, un régimen que, ante el profundo colapso económico, la hiperinflación y el éxodo migratorio sin precedentes en su propio territorio, ha priorizado la exportación de su modelo represivo y la vigilancia ideológica por encima de resolver la crisis estructural que asola a la población.
La decisión de la presidenta Boluarte sobre esta solicitud marcará un precedente en la política exterior latinoamericana frente a las acciones encubiertas del Estado cubano. Una eventual reducción de relaciones diplomáticas no solo representaría un duro golpe diplomático al régimen de La Habana, sino que enviaría un mensaje contundente a la comunidad internacional sobre la necesidad de blindar las democracias regionales frente a la infiltración y el espionaje amparado bajo figuras institucionales.
