La abogada Laritza Diversent, directora de la organización independiente Cubalex, denunció que el Código Penal aprobado en 2022 eliminó la protección automática contra la explotación sexual para adolescentes entre 12 y 18 años en Cuba. La normativa vigente permite debatir el consentimiento en tribunales, exponiendo a menores a una grave vulnerabilidad jurídica y a la impunidad de sus agresores.
En un análisis reciente, la jurista desmintió a quienes, como el exfiscal Ernesto Moreira Sardiñas, califican de falsa la alerta sobre la reducción de la edad de consentimiento sexual. Diversent explicó que, si bien el artículo 395.6 de la Ley 151/2022 tipifica como agresión sexual cualquier relación con menores de 12 años —garantizando su protección absoluta—, el artículo 400 introduce un vacío legal alarmante para el resto del sector juvenil.
De acuerdo con la directora de Cubalex, el citado artículo 400 establece que las relaciones sexuales con adolescentes de entre 12 y 18 años solo constituyen delito si se logra probar \»abuso de autoridad o engaño\». Esta condición elimina la prohibición automática y traslada la carga de la prueba a la víctima. \»Si tienes 11 años, el Estado te protege automáticamente. Si tienes 12, tu consentimiento puede ser debatido en tribunales\», señaló Diversent, evidenciando el severo retroceso normativo.
A la permisividad legal se suma la lenidad de las penas. El régimen de La Habana fijó sanciones de apenas uno a tres años de prisión o multas de 300 a 1.000 cuotas para estos casos. Expertos coinciden en que esta condena es desproporcionadamente baja frente a la gravedad del delito, no refleja el daño físico y psicológico infligido a las víctimas, y carece de cualquier efecto disuasorio real contra los abusadores.
Impunidad y desprotección institucional
Esta modificación al marco legal no ocurre en el vacío, sino que se inserta en un contexto de profundo deterioro institucional y crisis estructural en la isla. La dictadura cubana ha demostrado históricamente una nula voluntad para proteger a los sectores más vulnerables frente a la violencia de género y la explotación. En un sistema judicial carente de independencia, donde la opacidad es la norma, exigir la acreditación de \»engaño\» o manipulación resulta casi imposible, normalizando de facto las relaciones entre adultos y niñas de 12, 13 o 14 años.
La alerta formulada por la sociedad civil independiente y medios feministas como Alas Tensas evidencia cómo las políticas implementadas por el gobierno cubano no solo fallan en garantizar la seguridad ciudadana, sino que activamente la comprometen. Mientras la comunidad internacional mantiene su foco en otras crisis migratorias o económicas, este retroceso legal coloca a cientos de miles de adolescentes en una posición de indefensión total, enviando un mensaje peligroso de tolerancia ante el abuso sexual en la sociedad cubana.
