El periodista y profesor universitario Enrique Pérez Fumero permanece hospitalizado en estado crítico en Santiago de Cuba tras sufrir una severa paliza en la vía pública. La agresión, que le provocó traumatismos craneales y faciales graves, ha generado un reclamo de justicia por parte de sus colegas y pone de manifiesto el nivel de inseguridad ciudadana, el colapso hospitalario y el abandono institucional que imperan en la isla.
Pérez Fumero, quien labora en la emisora oficial CMKC, fue atacado en la madrugada del domingo en la intersección de las calles Barnada y San Mateo. Los agresores le sustrajeron sus pertenencias, aunque sus familiares sospechan que el ataque tuvo motivaciones de odio por la extrema violencia empleada. Actualmente, el comunicador está ingresado en la sala de Neurocirugía del Hospital General \»Saturnino Lora\» con fracturas en la base del cráneo y trauma craneal severo. La situación médica se agrava debido al deterioro del sistema de salud, ya que una neuróloga confirmó que en Santiago de Cuba no hay equipos de imagenología funcionantes, lo que obliga al personal a tratar al paciente \»a ciegas\» mientras esperan que la inflamación disminuya para evaluar su evolución.
A pesar de la gravedad del suceso, el régimen de La Habana y las instituciones estatales para las que trabajaba la víctima han mantenido un hermetismo absoluto. Ningún medio oficial ha emitido declaraciones formales sobre el caso, una práctica habitual de censura ante eventos que exponen el fracaso de las políticas públicas. Además, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) no acudió al hospital sino hasta después de que se realizara una fuerte gestión ciudadana para contactar a la jefatura policial. Los oficiales se llevaron la ropa del periodista para realizar pruebas de olor, en un intento tardío por localizar a los responsables.
Contexto de crisis e inseguridad ciudadana
El caso de Pérez Fumero no es un hecho aislado, sino un reflejo de la profunda crisis estructural que atraviesa la nación. La creciente delincuencia y la violencia en las calles se entrelazan con el colapso de los servicios públicos, la hiperinflación y el desabastecimiento generalizado. Las autoridades de la isla han demostrado una incapacidad recurrente para garantizar la seguridad de los ciudadanos, mientras destinan sus recursos y aparato represivo a controlar a la disidencia y a la población civil. La falta de equipamiento médico en los hospitales para atender emergencias de esta magnitud subraya el deterioro del sistema sanitario, otrora promocionado como un logro fundamental del Estado.
Ante la pasividad institucional, algunos periodistas de medios estatales han roto el silencio a través de redes sociales para exigir justicia, sumándose a la denuncia del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien ha demandado una investigación inmediata, pública y transparente. El abandono de un comunicador que dedicó años a la prensa oficial evidencia la precariedad en la que se encuentran todos los ciudadanos bajo la dictadura cubana. La falta de respuestas contundentes por parte del ejecutivo cubano frente a este brutal ataque augura un escenario de mayor impunidad, donde la vida de la población queda a merced de la inseguridad y el desamparo estatal.
