La Seguridad del Estado impuso restricciones de movilidad y abrió procesos penales contra el Gran Maestro, Juan Alberto Kessel Linares, y el Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas Alonso, en un claro acto de represión contra la disidencia institucional dentro de la masonería cubana. Las acciones se enmarcan en el conflicto suscitado tras la destitución del ex Gran Maestro Mayker Filema Duarte, quien mantiene el respaldo del Estado pese a haber sido removido por la Alta Cámara de la Gran Logia de Cuba.
Las autoridades de la isla han escalado su accionar contra las nuevas autoridades masónicas, limitando sus movimientos a sus domicilios y centros de trabajo, además de prohibirles salir del país. Fuentes de la Gran Logia de Cuba (GLC) confirmaron que ambos líderes están siendo investigados por la Seguridad del Estado. Kessel Linares fue citado recientemente en la estación policial de Picota, mientras que a Viñas Alonso se le ordenó presentarse en la unidad de Costa y Diez de Octubre. Hasta el momento, ninguno ha podido contratar defensa legal debido a que las autoridades les han negado el acceso a los números de sus expedientes.
El pretexto para el endurecimiento contra Kessel Linares fue su paso por las inmediaciones de la Gran Logia el pasado 6 de julio, día en que un grupo de masones se congregó para exigir el respeto a la legalidad de la institución. Este hecho fue considerado una supuesta violación a las medidas cautelares que ya pesaban sobre él. La represión se profundizó tras la detención previa, el 5 de julio, de Kessel Linares y del Gran Secretario por sustitución, Víctor Bravo Cabañas, quienes habían convocado a la comunidad masónica a defender pacíficamente la institucionalidad frente a la sesión paralela promovida por Filema Duarte.
Intromisión estatal y fractura institucional
Pese a que el ministro de Justicia, Óscar Silvera Martínez, aseguró recientemente a la prensa oficial que no había intromisión del Estado en los asuntos masónicos, las investigaciones contra Viñas Alonso evidencian la directa implicación de su cartera. El régimen de La Habana continúa reconociendo a Filema Duarte como Gran Maestro, a pesar de haber sido destituido el 25 de mayo con el respaldo de más del 60% de los masones reunidos en Alta Cámara. Duarte, amparado por esta complicidad estatal, ha emitido decretos disciplinarios contra las logias que respaldaron su remoción y ha anunciado denuncias penales contra sus detractores.
El acoso a la cúpula masónica no es un hecho aislado, sino que se enmarca en el patrón sistemático de la dictadura cubana de cooptar y neutralizar cualquier espacio de autonomía civil o religiosa en la isla. Ante la profunda crisis estructural que atraviesa el país —marcada por la hiperinflación, el desabastecimiento crónico y el éxodo migratorio masivo—, el ejecutivo cubano intensifica el control sobre entidades históricas como la masonería, impidiendo el ejercicio de su legalidad interna y criminalizando a quienes intentan preservar la independencia de sus instituciones frente al poder absoluto del Estado.
La imposición de estas medidas cautelares envía un mensaje claro de disuasión a la sociedad civil cubana: cualquier intento de autonomía institucional será sofocado mediante el aparato judicial y policial. Mientras la comunidad masónica se ve privada de sus legítimos representantes y sometida a un proceso de fractura orquestado desde el poder, el futuro de la organización queda a merced de la voluntad oficial. El desenlace de este conflicto evidencia, una vez más, hasta qué punto el gobierno cubano está dispuesto a violar sus propias normativas de asociación para garantizar la hegemonía y el control político en la isla.
