El preso político Duannis León Taboada, condenado a 14 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, depuso este martes la huelga de hambre que mantenía desde el 18 de julio en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. La decisión fue confirmada por su madre, Jenny Taboada, tras lograr acceder al penal después de varios días de exigencias y hostigamiento por parte de las autoridades carcelarias.
Según relató la madre del joven al medio independiente Martí Noticias, el encuentro se produjo tras una intensa campaña de reclamos por parte de familiares, activistas y defensores de derechos humanos dentro y fuera de la isla. Taboada pudo constatar el severo deterioro físico de su hijo, quien presentaba una considerable pérdida de peso tras más de dos semanas de ayuno, interrumpido únicamente por la ingesta de agua a petición familiar. El joven permanecerá ingresado en el hospital penitenciario para someterse a evaluaciones médicas, especialmente en sus riñones, debido a las complicaciones derivadas de la protesta.
Hostigamiento familiar y represión institucional
El desenlace de esta huelga ocurre tras días de tensión y represión contra el entorno familiar. Jenny Taboada había mantenido una vigilia a las puertas del centro penitenciario, exigiendo ver a su hijo tras haberse mantenido incomunicado por las autoridades. Sin embargo, cuando el régimen de La Habana le prometió una visita, fue interceptada y trasladada a la unidad policial de Guanabacoa en un claro acto de amedrentamiento. La dictadura cubana ha utilizado recurrentemente estas tácticas de presión psicológica para desincentivar las denuncias públicas sobre las condiciones carcelarias y el paradero de los reclusos.
El caso de León Taboada es un reflejo de la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa el país. Condenado en juicios carentes de garantías procesales y bajo acusaciones fabricadas por el simple ejercicio del derecho a la protesta pacífica, el joven de 27 años ha denunciado en reiteradas ocasiones los tratos inhumanos y degradantes dentro del sistema penitenciario. Su huelga de hambre era una medida desesperada para exigir \»justicia y libertad\» en un país donde la represión social y el encarcelamiento arbitrario se han institucionalizado como mecanismos de control político por parte del gobierno cubano.
La situación del preso político trascendió las fronteras de la isla, sumándose a las voces de la diáspora y la comunidad internacional. El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart denunció públicamente el caso, responsabilizando no solo al ejecutivo cubano, sino también a los actores internacionales que mantienen vínculos económicos con La Habana, calificándolos de cómplices de la brutalidad estatal. La liberación de los presos del 11J sigue siendo una exigencia central de la comunidad democrática, que observa con preocupación cómo las autoridades de la isla priorizan la represión frente al respeto a los derechos fundamentales de su ciudadanía.
