El gobierno cubano anunció la eliminación de los límites de extensión y tiempo para la entrega de tierras estatales en usufructo, en un nuevo intento por inyectar capital privado a un sector agrícola incapaz de satisfacer la demanda interna de alimentos en medio de la profunda crisis económica que asola la isla. La medida, que mantiene la propiedad de los terrenos en manos del Estado, busca paliar el desabastecimiento crónico sin renunciar al control monopólico de la tierra.
La nueva normativa fue presentada por el ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, y el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, como parte del denominado «paquete de 176 acciones» aprobado por el ejecutivo cubano con el objetivo de «corregir distorsiones y reimpulsar la economía». Hasta ahora, las personas naturales que solicitaban tierras se enfrentaban a una cantidad limitada de hectáreas y a la obligación de renovar periódicamente el derecho de explotación, un esquema burocrático que desincentivaba cualquier inversión a largo plazo en la infraestructura agraria.
Bajo la nueva legislación, la extensión de la tierra entregada dependerá exclusivamente del «proyecto productivo» presentado por cada solicitante y de su capacidad demostrable para ponerla en funcionamiento. Asimismo, desaparecen las restricciones temporales para personas físicas y jurídicas. Las autoridades de la isla sostienen que el objetivo principal es incrementar la producción nacional de alimentos y aprovechar las extensas áreas de «tierras ociosas o deficientemente explotadas» que cubren gran parte del territorio nacional. Quienes aspiren a recibir nuevas parcelas deberán demostrar el uso adecuado de las que ya poseen y presentar un plan detallado sobre el destino productivo de la tierra, ya sea para la agricultura, la ganadería u otras actividades afines.
La reforma supone una flexibilización sin precedentes en el acceso a las tierras estatales, al confirmarse que podrán optar al usufructo «todos los actores económicos». Esto incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas, las empresas mixtas y el capital extranjero. Otro de los cambios significativos anunciados es la posibilidad de transmitir por herencia los derechos sobre las tierras entregadas en usufructo. Aunque las parcelas continuarán siendo propiedad del Estado, las disputas relacionadas con sucesiones y otros conflictos jurídicos pasarán a ser dirimidas por los tribunales y las direcciones de Justicia, lo que introduce un margen de legalidad hasta ahora inexistente en la práctica cotidiana del campo cubano.
Para agilizar un proceso históricamente asfixiado por la burocracia, el gobierno cubano ha prometido que los trámites, que en algunos casos se prolongaban durante meses, deberán resolverse ahora en un plazo máximo de entre 15 y 20 días. Además, se flexibilizarán las normas para la construcción de viviendas e instalaciones agropecuarias dentro de las fincas, una restricción que durante años obligó a los campesinos a operar en condiciones precarias. Todas estas modificaciones formarán parte de la nueva Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, cuya aprobación está prevista para el presente mes por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Sin embargo, la letra pequeña de esta apertura mantiene intacto el modelo de control estatal. Quienes aporten recursos financieros y técnicos para recuperar las fincas no obtendrán la propiedad de la tierra ni garantías plenas sobre la continuidad de sus inversiones. La desconfianza entre los productores se agrava por la posibilidad latente de que el Estado revoque el derecho de uso de manera unilateral. A esto se suma la crónica falta de insumos, combustible y maquinaria, así como un sistema de comercialización agrícola que continúa sometido a fuertes controles y acaparamiento estatal. En estas condiciones, la medida se interpreta más como un intento desesperado de atraer capital privado para rescatar tierras improductivas a coste cero para el Estado, que como una reforma estructural capaz de otorgar verdadera autonomía a los productores.
Antecedentes de un sector en ruinas
El anuncio llega en un momento especialmente delicado para el campo cubano, tras décadas de políticas fallidas. Desde la caída del campo socialista en los años noventa, la producción agrícola nacional no ha logrado recuperarse. En 2008, ante la evidente incapacidad estatal, el entonces presidente Raúl Castro impulsó el Decreto-Ley 259, entregando tierras ociosas en usufructo a decenas de miles de campesinos. Sin embargo, la negativa a entregar la propiedad privada, sumada al monopolio estatal sobre los insumos y la comercialización a través de la empresa estatal Acopio, condenó al fracaso a la iniciativa. La caída sostenida de la producción, la escasez aguda de alimentos y el aumento exponencial de las importaciones han obligado al actual régimen de La Habana a introducir cambios en un sector asfixiado por la falta de inversión y el deterioro irreversible de la infraestructura.
Contexto de crisis sistémica
Esta flexibilización agraria no puede desligarse de la crisis estructural que atraviesa la nación. La economía cubana sufre una inflación descontrolada, una devaluación galopante del peso frente al dólar y un colapso generalizado de los servicios básicos como el suministro eléctrico y el transporte. La incapacidad del régimen para garantizar la seguridad alimentaria ha llevado a la población a depender de las remesas y de las escasas importaciones que el Estado logra financiar con créditos de aliados. El campo, despoblado por el éxodo migratorio masivo hacia Estados Unidos y otras naciones de la región, carece de fuerza laboral, lo que hace dudar de la viabilidad de cualquier «proyecto productivo» que requiera mano de obra intensiva.
Además, el contexto político de represión y falta de libertades pesa sobre cualquier iniciativa económica. La dictadura cubana ha demostrado en reiteradas ocasiones que cualquier actor económico que adquiera demasiado poder o independencia es sometido a escrutinio, multas exorbitantes o cierre arbitrario. Las mipymes, que surgieron en 2021 como una válvula de escape, operan bajo la espada de Damócles de la inspección estatal. En este sentido, el capital extranjero y los productores nacionales enfrentan el riesgo de operar en un entorno donde el Estado es juez y parte, y donde el imperio de la ley está supeditado a las directrices unipartidistas.
Implicaciones y futuro del sector
Las consecuencias a futuro de esta medida dependerán de la disposición real del gobierno cubano para desmantelar el monopolio estatal sobre la comercialización y los insumos. Si el régimen de La Habana persiste en mantener el control absoluto sobre los recursos y los precios, la nueva Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales correrá la misma suerte que las reformas anteriores: un estancamiento prolongado y una fuga de capitales frustrada. La comunidad internacional y los observadores económicos miran con escepticismo este giro, conscientes de que el régimen busca oxígeno financiero sin ceder un milímetro en su hegemonía política. Para la ciudadanía, que soporta colas interminables para acceder a productos básicos, la única esperanza radica en que esta apertura logre, aunque sea mínimamente, reabastecer los mercados, aunque la historia reciente invita al pesimismo sobre la verdadera voluntad democratizadora y liberalizadora del Estado cubano.
