El presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, ha reivindicado la violenta respuesta del Estado contra las manifestaciones del 11 de julio de 2021, asegurando que aquel día «vencieron» ante lo que calificó como una conspiración extranjera. Las declaraciones, emitidas en el marco del quinto aniversario del estallido social, contrastan de forma radical con los informes de organizaciones de derechos humanos que documentan asesinatos, torturas y cientos de presos políticos que permanecen en las cárceles de la isla.
A través de un mensaje difundido en Facebook, el exministro de Cultura y figura recurrente en la burocracia ideológica del régimen de La Habana, sostuvo que el pueblo cubano y la «Dirección Revolucionaria» derrotaron un supuesto plan gestado y financiado por el «Imperio y la mafia miamense». Prieto, en un ejercicio de negacionismo institucional, describió las mayores protestas populares en décadas como una «farsa de sublevación en reclamo de libertad», argumentando que estuvo integrada por «gente pagada desde el Norte», ciudadanos «confundidos e irresponsables» y «saqueadores sin escrúpulos».
La narrativa impulsada por el intelectual oficialista busca deslegitimar el descontento ciudadano que estalló de manera espontánea en el municipio de San Antonio de los Baños, en Artemisa, y que en cuestión de horas se propagó por más de 50 ciudades y localidades. Aquellas movilizaciones no fueron producto de un guion externo, sino la culminación de la asfixia económica, la escasez crónica de alimentos y medicamentos, los apagones interminables y el cansancio ante la falta de libertades fundamentales. El grito de «Patria y Vida» resonó en las calles como un rechazo absoluto a las políticas del gobierno cubano.
La «orden de combate» y el cerco informativo
Frente a la exigencia ciudadana, la respuesta de la dictadura cubana fue la militarización inmediata de las calles. El gobernante Miguel Díaz-Canel emitió la infame «orden de combate», instando a los simpatizantes del Partido Comunista a confrontar físicamente a los manifestantes. El despliegue incluyó efectivos del Ministerio del Interior, tropas especiales y grupos de choque afines al poder. Paralelamente, las autoridades de la isla impusieron un apagón total a las redes de telecomunicaciones, cortando el acceso a internet para impedir la coordinación de los manifestantes y censurar la difusión de los abusos que se cometían en tiempo real.
La brutalidad de la represión dejó un saldo trágico para la historia reciente del país. El 12 de julio de 2021, Diubis Laurencio Tejeda perdía la vida tras ser abatido por un disparo en el barrio habanero de La Güinera. Su caso se convirtió en un símbolo de la violencia estatal empleada para sofocar la disidencia. Según registros elaborados por observatorios independientes, la ola de arrestos superó la cifra de 1.000 detenidos, muchos de los cuales fueron sometidos a juicios sumarios, carentes de las mínimas garantías procesales y con un absoluto control del poder judicial por parte del ejecutivo cubano.
La maquinaria judicial y los presos del 11J
Aunque el régimen de La Habana celebra su supuesta «victoria», las consecuencias judiciales de aquel estallido siguen marcando la realidad de cientos de familias. Organizaciones como Justicia 11J han documentado que, tras cinco años, al menos 338 personas continúan encarceladas por su participación en las protestas. Las condenas impuestas por tribunales controlados por el Estado han alcanzado hasta 30 años de prisión bajo cargos fabricados de «sedición», «sabotaje» o «desórdenes públicos», criminalizando de facto el derecho constitucional a la manifestación pacífica.
Este fin de semana, la organización de derechos humanos lanzó la campaña #CincoAñosSinJusticia con el objetivo de visibilizar el drama de quienes permanecen tras las rejas y exigir su excarcelación inmediata. Para las familias de los presos políticos, las declaraciones de Abel Prieto suponen una bofetada moral y confirman la total falta de voluntad del gobierno cubano para emprender una apertura democrática o siquiera reconocer los abusos sistemáticos cometidos desde las instituciones.
Una crisis estructural que el discurso oficial ignora
El intento de reescribir la historia del 11J ocurre en medio de una profundización de la crisis estructural que originó las protestas. La economía cubana atraviesa una hiperinflación galopante, una devaluación constante de la moneda nacional frente al dólar y un colapso generalizado de los servicios públicos. El sistema de salud, otrora orgullo propagandístico del régimen, se encuentra en ruinas por la falta de insumos básicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, mientras que el sector energético mantiene a la población sumida en apagones que superan las 10 horas diarias en varias provincias.
La incapacidad de las autoridades de la isla para generar riqueza, fomentar la producción nacional o garantizar el bienestar básico ha detonado el mayor éxodo migratorio de la historia reciente del país. Cientos de miles de cubanos han abandonado la nación en los últimos cinco años, huyendo de la pobreza y la represión. Este vaciamiento demográfico afecta directamente a la fuerza laboral, a la academia y a la estructura productiva, evidenciando que la «victoria» proclamada por Prieto es, en realidad, un aceleramiento del fracaso del modelo impuesto por la dictadura.
El papel de la intelligentsia oficialista
Las declaraciones de Abel Prieto no son un hecho aislado, sino que se enmarcan en la tradicional función de la intelligentsia afín al régimen: blindar al poder con un discurso victimista y soberanista. Desde su posición al frente de la Casa de las Américas, Prieto ha operado como un instrumento de diplomacia cultural que busca proyectar hacia el exterior una imagen de tolerancia y debate intelectual, mientras que internamente justifica la cárcel y la violencia contra quienes osan cuestionar el statu quo. Su reciente publicación ratifica que, para la cúpula dirigente, cualquier expresión de descontento social será tratada automáticamente como una agresión externa.
Implicaciones a futuro
La reivindicación de la represión del 11J por parte de figuras institucionales envía un mensaje claro y desalentador: la dictadura cubana no tolerará la disidencia y mantendrá intacto su aparato de control social. Para la ciudadanía, las palabras de Prieto confirman que la exigencia de libertades y derechos continuará siendo criminalizada y castigada con severidad. Ante este panorama, la presión de la comunidad internacional y de los organismos defensores de los derechos humanos se vuelve indispensable para exigir rendición de cuentas, el cese de la persecución política y la liberación incondicional de los cientos de cubanos que aún pagan con su libertad el atrevimiento de haber salido a las calles a reclamar dignidad.
