El Comité Político del Partido Republicano de Cuba (PRC) emitió un comunicado firmado por su directora ejecutiva nacional, la presa política María Cristina Garrido Rodríguez, en el que llama a la ciudadanía a movilizarse y tomar las instancias de poder durante el próximo colapso total del sistema eléctrico nacional. El mensaje, publicado en el contexto del 23 aniversario de la organización, plantea una estrategia de acción directa frente a la profunda crisis estructural que atraviesa la isla.
El texto, difundido a través de las redes sociales y dirigido a los miembros, seguidores del PRC y al pueblo de Cuba, sostiene que las protestas aisladas que ocurren diariamente en el país demuestran que el miedo ha perdido su efecto disuasorio. Según Garrido Rodríguez, a pesar de la intensificación de la represión y las amenazas por parte del régimen de La Habana, la ciudadanía continúa alzando su voz ante el desastre nacional, evidenciando un nivel de saturación social sin precedentes.
Para que estas manifestaciones dispersas logren un cambio real, el comunicado establece la necesidad de alinear tres elementos fundamentales: un objetivo definido, una estrategia clara y un liderazgo cohesionado. La presa política es tajante al precisar que el objetivo final no debe ser otro que la toma del poder, argumentando que las medidas paliativas o las reformas superficiales no resolverán la crisis sistémica que afecta a la nación.
Respecto a la planificación de la acción, el mensaje advierte sobre la imposibilidad de anunciar una fecha de antemano debido al estricto control social y la vigilancia estatal. En su lugar, propone aprovechar el próximo apagón nacional, un evento que, aunque grave, resulta sorpresivo y es producto directo del deterioro irreversible de la infraestructura eléctrica, el desastroso estado técnico de las termoeléctricas y, según denuncia el documento, el robo sistemático de combustible por parte de la cúpula gubernamental.
Llegado el momento del colapso energético total, el PRC plantea que el pueblo, preparado psicológicamente para esa contingencia, debe proceder a tomar las instancias de poder a todos los niveles, deteniendo temporalmente a los dirigentes locales y nacionales hasta que se restablezca la estabilidad y se forme una estructura de transición. El comunicado añade un análisis sobre el contexto internacional, señalando que la dirigencia política actual en el continente y la administración de Estados Unidos presentan un escenario favorable para un cambio de régimen en la isla.
La voz desde la prisión de El Guatao
El peso de este llamado cobra una dimensión particular al provenir de María Cristina Garrido Rodríguez, quien se encuentra cumpliendo una condena de siete años de prisión impuesta en marzo de 2022. Su delito, a juicio de la dictadura cubana, abarca cargos de \»desórdenes públicos\», \»agresión\», \»incitación a delinquir\», \»desacato\» y \»resistencia\», todos derivados de su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en Quivicán, provincia de Mayabeque, donde fue detenida el 12 de ese mismo mes.
El 11J marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba. Las protestas, surgidas de manera espontánea en medio de la pandemia y una aguda escasez, fueron reprimidas con brutalidad por las fuerzas del orden bajo la dirección de las máximas autoridades del país. Cientos de cubanos enfrentaron juicios sumarios, siendo condenados a penas desproporcionadas por delitos prefabricados. Garrido Rodríguez es un símbolo de esta generación de presos políticos que, a pesar de estar tras las rejas, mantiene viva la resistencia y la denuncia contra la maquinaria represiva del Estado.
Actualmente recluida en la prisión de mujeres de El Guatao, en La Habana, Garrido Rodríguez ha sido víctima de constantes violaciones a sus derechos humanos. Organizaciones internacionales de prensa y derechos humanos, como CubaNet y PEN International, han documentado exhaustivamente las denuncias de tortura psicológica en su contra, evidenciando el uso de la crueldad como herramienta de escarmiento por parte de las autoridades de la isla contra quienes osan desafiar el poder establecido.
Contrastes en la línea política opositora
Este reciente llamado a la acción directa contrasta con la postura que el Partido Republicano de Cuba había sostenido públicamente en los últimos meses. Fundado el 1 de septiembre de 2003 en Hialeah, Florida, el PRC había emitido un comunicado el 26 de febrero pasado, firmado por su presidente, Ibrahim Bosch, en el que se presentaba como \»la organización política de oposición más grande del país\» y enfatizaba que su labor era \»exclusivamente política\».
Aquella declaración fue emitida para deslindarse de la muerte de su afiliado Michel Ortega Casanova durante una acción que la propia dirección del partido calificó como una \»excursión armada\» frente a las costas de Coralillo. En aquel momento, el PRC aseguró desconocer la participación de Ortega en dichos hechos y sostuvo que no ejercía control sobre las decisiones individuales de sus miembros, marcando una distancia con cualquier tipo de levantamiento armado que ahora parece difuminarse ante la urgencia de la crisis nacional.
El colapso eléctrico como detonante social
El escenario que el mensaje del PRC señala como catalizador, un apagón nacional, se ha convertido en una amenaza constante para la población cubana. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de la isla ha sufrido al menos siete apagones generales en lo que va de 2026, un indicador alarmante del fracaso gubernamental en la gestión de recursos y mantenimiento de infraestructuras básicas. Este lunes, la Unión Eléctrica Nacional (UNE) preveía desconectar hasta el 73% del territorio durante la hora de mayor demanda, un nivel cercano al récord histórico del año, del 74%, registrado el 29 de julio, lo que deja a la población al borde del colapso total de la red.
La crisis energética no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible de la descomposición estructural del modelo económico cubano. Durante décadas, el gobierno cubano ha postergado inversiones vitales en el sector, dependiendo de subsidios y alianzas volátiles que hoy se han esfumado. El déficit energético en horas pico supera frecuentemente los 1000 megavatios, una cifra que colapsa cualquier red moderna. La falta de mantenimiento de las termoeléctricas, combinada con la escasez crónica de combustible y la ineficiencia burocrática, ha convertido el suministro eléctrico en un lujo intermitente, afectando la conservación de alimentos, el acceso al agua potable y el funcionamiento de centros de salud.
A esta crisis de servicios se suma una inflación galopante, un desabastecimiento generalizado y un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado a la fuerza laboral del país. La incapacidad del régimen de La Habana para ofrecer respuestas viables ha generado un caldo de cultivo de frustración y desesperación. La represión policial y la judicialización de la disidencia han sido las únicas respuestas estatales consistentes, profundizando la brecha entre la ciudadanía y el poder.
El llamado del PRC desde las entrañas del sistema penitenciario cubano refleja la radicalización del discurso opositor ante la intransigencia gubernamental. Mientras la dictadura se aferra al control mediante la fuerza y el miedo, sectores de la oposición y la sociedad civil comienzan a evaluar medidas de mayor impacto, aprovechando las vulnerabilidades del propio sistema. La comunidad internacional y los actores diplomáticos deberán prestar atención a esta escalada, ya que la inestabilidad en Cuba no solo representa un problema de derechos humanos, sino una amenaza de crisis migratoria y de seguridad regional que requerirá respuestas urgentes y coordinadas en el futuro cercano.
