El opositor Leonel Tristá García, condenado tras las protestas del 11 de julio de 2021, fue trasladado de urgencia al Hospital Arnaldo Milián de Santa Clara debido al severo deterioro de su salud tras permanecer diez días en huelga de hambre. El activista protesta así contra la revocación de su licencia extrapenal, una medida que lo devuelve a la prisión por razones estrictamente políticas.
Tristá García, miembro del Movimiento Cubano Reflexión (MCR), fue detenido el pasado 16 de junio en el reparto El Condado. El operativo policial se ejecutó bajo la apariencia de un registro domiciliario con una orden que, según denunció el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), carecía de los requisitos legales pertinentes. Ante la negativa del activista a permitir el acceso sin un documento válido, los agentes regresaron horas después para arrestarlo bajo los cargos de desorden público y desacato.
Sin embargo, la Fiscalía retiró posteriormente estas acusaciones iniciales. En su lugar, las autoridades de la isla activaron un mecanismo burocrático para revocar la licencia extrapenal que Tristá García había recibido en enero de 2025, en el marco de las excarcelaciones pactadas entre el régimen de La Habana y el Vaticano. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Cubalex, han señalado que esta maniobra evidencia que el verdadero objetivo del operativo no era judicial, sino silenciar y recluir nuevamente al opositor.
Represalia por solidaridad y resistencia cívica
La detención de Tristá García ocurrió apenas unos días después de que el activista acudiera a la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria para acompañar solidariamente al opositor Guillermo del Sol, quien se encontraba detenido. Para el OCLE, la revocación del beneficio penitenciario constituye una represalia directa de la dictadura cubana contra el ejercicio de los derechos fundamentales, respondiendo tanto a su negativa a someterse a un registro irregular como a su muestra de apoyo a otro disidente. Ante esta decisión, el activista inició una huelga de hambre que ha derivado en su actual estado crítico.
El caso de Leonel Tristá ilustra la persistente crisis de derechos humanos y la política de reencarcelamiento selectivo que aplica el gobierno cubano contra los manifestantes del 11J. Aunque las excarcelaciones pactadas generaron una expectativa de apertura, la represión cotidiana, el hostigamiento y la criminalización de la solidaridad cívica demuestran que la falta de libertades en la isla se mantiene intacta. Mientras la comunidad internacional observa la evolución de su salud, el reencarcelamiento de Tristá García reafirma que cualquier concesión del régimen es revocable ante el menor atisbo de disidencia.
