La madre del creador de contenido cubano Eddy Ceballos denunció que su hijo ha sido agredido físicamente en el penal Combinado del Este, en La Habana, donde se encuentra recluido desde principios de junio. La denuncia se produce en medio del oscuro proceso judicial impulsado por la Fiscalía Militar, que busca imputarle un delito de espionaje por grabar una instalación militar en evidente estado de abandono.
Marieta Pérez Alfaro, madre del humorista conocido por su canal Despingoveri Channel, alertó a través de redes sociales sobre el estado físico de su hijo. Aunque no precisó la fecha de los hechos, la identidad de los agresores ni la gravedad de las lesiones, Pérez responsabilizó directamente al sistema penitenciario. La mujer atribuye la agresión a la debilidad de las pruebas que el régimen de La Habana dice tener en su contra, asegurando que al desmoronarse la acusación, se están utilizando \»otros recursos\» para dañarlo en su celda.
Ceballos fue detenido el 1 de junio en un operativo policial desproporcionado cerca de su vivienda, sin que se le permitiera avisar a su familia. Su arresto se originó tras la publicación de un video el 24 de mayo, en el que el joven recorría una instalación militar sin vigilancia, mostrando antiguos radares y equipamento soviético de la Guerra Fría expuesto a la intemperie. Ante la ausencia de un delito tipificado para esta acción, el expediente fue transferido a la jurisdicción militar bajo la grave figura de espionaje.
Arbitrariedad legal y represión sistemática
Organizaciones de asesoría jurídica como Cubalex han advertido que la acusación inicial de \»invasión a propiedad militar\» no existe en el Código Penal ni en el Código Penal Militar de Cuba, lo que constituye una violación flagrante del principio de legalidad. Al recalificar el caso como espionaje, la dictadura cubana recurre a un delito que contempla penas severas, incluyendo hasta 30 años de prisión, para criminalizar una conducta que en realidad evidencia el deterioro y abandono de las infraestructuras estatales. Esta recalificación obedece a un patrón habitual del aparato represivo de la isla para justificar el encierro de figuras incómodas o críticas.
El caso de Eddy Ceballos ilustra una vez más el uso del sistema judicial como herramienta de amedrentamiento y silenciamiento. La falta de transparencia sobre el expediente, sumada a las denuncias de maltrato en el Combinado del Este, pone de relieve la vulnerabilidad extrema de los reclusos bajo el control de las autoridades de la isla. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen la mirada sobre este proceso, ante el riesgo inminente de que la arbitrariedad estatal derive en un daño irreparable a la integridad física del humorista.
