Sancti Spíritus, Cuba – Un grave caso de corrupción y negligencia administrativa en la Empresa de Suministros Agropecuarios (ESA) de Sancti Spíritus ha culminado con la pérdida de más de 94 millones de pesos del patrimonio estatal y severas condenas de prisión para cinco de sus directivos. El escándalo destapa la fragilidad de los mecanismos de control interno y el impacto devastador de la mala gestión en un momento crítico para la economía cubana.
El primer indicio del descontrol se manifestó entre 2023 y 2024, cuando la cámara frigorífica de la UEB Comercializadora y Servicios de la empresa dejó de funcionar. La inacción de la directiva provocó la descomposición de toneladas de alimentos, desde salami y sardinas hasta carne de res y cerdo. A pesar de las advertencias de los trabajadores, la instrucción de los superiores fue deshacerse de la evidencia sin dejar rastro documental: “Bótenlo, pero no hagan expediente”. Esta orden, calificada por la fiscalía como “negligente y contraria a la legalidad”, ocasionó una pérdida inicial superior a los 3 millones de pesos y convirtió la unidad en un foco de plagas.
El golpe financiero más contundente ocurrió entre enero y marzo de 2024. Amparados en un exceso de confianza y una ausencia total de supervisión, los directivos de la ESA autorizaron la entrega de mercancías valoradas en 94 millones de pesos a un trabajador por cuenta propia de Villa Clara. Productos como vasos desechables, luminarias y textiles fueron despachados sin contratos firmes, sin exigir pagos por adelantado ni establecer garantías, convirtiendo los recursos del Estado en un crédito a fondo perdido.
La investigación culminó en la Causa No. 64 del 2025, donde se procesó a cinco directivos por delitos de malversación e incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas. Las sanciones fueron contundentes: la directora general que ocupaba el cargo hasta abril de 2024 fue condenada a 20 años de privación de libertad, mientras que los otros implicados recibieron sentencias de entre 10 y 18 años. Además, todos deberán resarcir de manera conjunta el daño económico y enfrentan la prohibición de ejercer cargos similares en el futuro.
Más allá de las sentencias, el caso refleja un problema estructural en el sistema empresarial cubano. Félix Tomás Pérez González, actual director de la ESA, admitió que estos hechos son «traumáticos para los trabajadores» y minan la confianza colectiva. Aseguró que se han reimplantado sistemas de control y se han mejorado los salarios para fortalecer la integridad, pero la lección es clara: sin una supervisión rigurosa y una rendición de cuentas efectiva, el patrimonio público sigue estando a merced de la desidia y la corrupción.
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