
Redacción, Reporte Cuba Ya – Cuando parecía que el caso de corrupción en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Camagüey no podía ser más grave, nuevas revelaciones proporcionadas por el denunciante Vladimir Ossorio González apuntan directamente al corazón del poder político local. La trama de desvío de recursos, nepotismo e impunidad ahora salpica a un secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), quien no solo habría sido cómplice, sino que además fue premiado con un puesto directivo.

Un documento clave en poder de esta redacción, fechado el 8 de octubre de 2021, demuestra que Vladimir Ossorio fue notificado formalmente sobre la recepción de su denuncia interpuesta ante la Gobernadora Provincial. El escrito, firmado por la presidenta de una «comisión multidisciplinaria», confirma que se dio trámite a la investigación. Este papel prueba que las más altas instancias conocían las graves acusaciones desde hace casi cuatro años, lo que convierte el posterior «silencio institucional» en una posible complicidad.
La nueva y más seria acusación señala a Delvis Benites, secretario del PCC y chófer, como una pieza clave en la red de corrupción liderada por el exdirector provincial Luis Julio Pérez Avilés. Según la denuncia, Benites fue «cómplice de los robos y desvíos de recursos». Para agravar el evidente conflicto de intereses, se informa que Delvis Benites es hermano de la directora económica de la empresa provincial. En un acto que desafía toda lógica de transparencia, Benites fue nombrado posteriormente director en funciones de la UEB de Logística, precisamente el área neurálgica desde donde se gestionó el desfalco.

La actualización también arroja luz sobre las presiones directas que recibió el denunciante. Se acusa a Jorge Luis Creag Cabello, exdirector de la UEB de Logística, de haberle exigido a Vladimir Ossorio que firmara facturas y vales de salida con fechas de hasta dos años antes de que él asumiera su puesto. Esta acción evidencia un intento deliberado de falsificar documentos para encubrir la malversación y presionar a Ossorio para que fuera cómplice.

Finalmente, la denuncia aporta un dato revelador sobre la fuga de implicados. Se confirma que Misleydis Hernandez, la exdirectora que desfalcó la UEB municipal y que actualmente reside en Estados Unidos, ostentaba su condición de militante del PCC en el momento en que salió de Cuba. A ella se suma el caso de Reinaldo Viamontes Hernández, otro directivo implicado que ahora se encontraría en México. Estos hechos establecen un claro patrón de fuga que las autoridades no han impedido.

Cada nueva pieza de información revela un entramado más profundo, donde la corrupción administrativa parece estar indisolublemente ligada a la complicidad y protección de estructuras políticas locales, garantizando una total impunidad para los responsables y dejando al ciudadano que denuncia en un estado de indefensión absoluta.





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Preguntas para nuestros lectores:
- ¿La implicación del Partido Comunista en este caso demuestra el colapso de la institucionalidad en Cuba?
- ¿Qué mecanismos de control fallan para que se nombre director a un presunto cómplice de robo?
- ¿Deberían los responsables políticos de la provincia rendir cuentas por estas designaciones y la falta de respuesta?