Subtítulo: Con un plan de la ONU para movilizar 74 millones de dólares, crece el temor ciudadano de que la historia de desvíos y ventas en tiendas MLC se repita.
Ante la devastación causada por el reciente huracán Melissa, la comunidad internacional ha respondido con significativos anuncios de ayuda. Sin embargo, la insistencia del régimen cubano en monopolizar la distribución de estos fondos ha encendido las alarmas y reavivado el fantasma de la corrupción y el desvío de recursos.
La cifra más reciente y sustancial proviene de las Naciones Unidas (ONU), que ha activado un plan de respuesta humanitaria para movilizar o recaudar 74 millones de dólares destinados a los afectados. A esto se suman los 3 millones de dólares anunciados por el gobierno de Estados Unidos y la ayuda confirmada por el gobierno de Noruega, configurando un paquete de asistencia internacional de gran envergadura.
El conflicto estalló casi de inmediato. La administración estadounidense especificó que sus 3 millones estaban «dirigidos al pueblo cubano, no al régimen», y que serían canalizados a través de organizaciones independientes. La Habana rechazó tajantemente esta condición. En un comunicado recogido por medios oficialistas, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) declaró que cualquier donación será «gestionada por sus propias autoridades».
Esta imposición de control estatal no es un hecho aislado. Se alinea con una política histórica de opacidad que genera una profunda desconfianza en la población. Los ciudadanos cubanos tienen una larga memoria de desastres anteriores donde la ayuda internacional desaparece en el opaco entramado burocrático del Estado.
Esta desconfianza no es gratuita. A mediados de 2025, informes de medios independientes como Cubanet ya cuestionaban el destino de 58 millones de dólares asignados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) al gobierno cubano, gran parte de los cuales provenían de donaciones de Rusia. La pregunta que sigue resonando en las calles es: «¿A dónde fueron a parar realmente esos fondos?».
Las redes sociales se han convertido en el principal canal de denuncia. Los testimonios y fotografías de ciudadanos son una constante, reportando cómo productos esenciales —desde latas de comida hasta colchones y medicinas, fácilmente identificables por etiquetas como «Donación» o «Prohibida su venta»— terminan sistemáticamente en las estanterías de las tiendas de Moneda Libremente Convertible (MLC) o en manos de revendedores en el mercado negro, a precios inaccesibles.
Mientras el régimen cubano mantiene su narrativa habitual, culpando al «bloqueo» estadounidense de la crisis generalizada, su negativa a permitir que organizaciones independientes y de probada transparencia, como la Iglesia Católica u otras ONG, distribuyan la ayuda de manera directa, genera serias dudas sobre sus verdaderas prioridades.
Con la ONU, Estados Unidos y Noruega listos para desembolsar millones, los cubanos afectados por el huracán esperan atrapados en medio: necesitados de la solidaridad internacional, pero bajo el control de un gobierno que, según la experiencia, prioriza el control político y la oportunidad de negocio por encima de la emergencia humanitaria.
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Preguntas para el debate:
- ¿Debería la ONU condicionar la entrega de los 74 millones de dólares a una supervisión civil independiente?
- ¿Qué mecanismos de presión tiene la comunidad internacional para evitar que el régimen cubano desvíe la ayuda?
- Si el problema de la escasez es el «bloqueo», ¿por qué se desvían o venden las donaciones que sí logran entrar al país?