Por: Redacción Reporte Cuba Ya
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha vuelto a marcar la agenda regional con cifras que demuestran resultados tangibles en su política de seguridad. A través de la red social X, el mandatario informó que 45.000 reclusos se encuentran actualmente trabajando en diversas labores productivas, cifra que se encamina a cubrir el 50% de la población carcelaria del país.
El anuncio detalla una estructura organizada donde, por ejemplo, 6.000 de estos privados de libertad se dedican exclusivamente a la confección de uniformes y ropa para escuelas y hospitales públicos. La fórmula incluye un incentivo de conmutación de penas (dos días de condena menos por cada día trabajado), pero con una línea roja innegociable: este beneficio no aplica para asesinos ni violadores.
El contraste con la realidad cubana: Prioridades invertidas
Para la audiencia cubana, este escenario plantea un contraste doloroso e inevitable que va más allá de la gestión penitenciaria. Mientras en El Salvador se exhibe voluntad política para devolver la tranquilidad a las calles y hacer que el recluso pague su deuda con la sociedad, en Cuba la escalada delictiva es el reflejo de un gobierno al que, sencillamente, no le interesa la seguridad de sus ciudadanos.
La percepción generalizada en la isla es que la «policía» ha dejado de ser un cuerpo de seguridad ciudadana para convertirse exclusivamente en un órgano de seguridad política. Resulta incomprensible para el cubano de a pie que el Estado despliegue operativos millonarios y tecnología de punta para reprimir a un periodista independiente o a un activista, mientras alega falta de recursos o capacidad cuando se trata de detener a asaltantes, ladrones o agresores que tienen a los barrios en vilo.
La comparación con el modelo de Bukele sugiere una conclusión alarmante: la impunidad en Cuba no es un fallo del sistema, es una característica. Al régimen parece no importarle que el pueblo viva entre rejas en sus propias casas por miedo al hampa, siempre y cuando no se organice políticamente. En El Salvador, el Estado asume la responsabilidad de limpiar las calles; en Cuba, la desidia gubernamental entrega las calles a la delincuencia, dejando al ciudadano en total indefensión.
Mientras el gobierno salvadoreño convierte el ocio carcelario en insumos para la salud y la educación, el sistema penitenciario cubano sigue siendo un agujero negro de denuncias por maltratos y falta de transparencia, sin ningún beneficio tangible para una sociedad que cada día se siente más insegura y desprotegida por quienes dicen gobernarla.
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