La captura de Nicolás Maduro no solo sacudió a Venezuela. En Cuba, la noticia cayó como un apagón anunciado. La Isla, atada durante años al petróleo regalado o fiado por el chavismo, enfrenta ahora un escenario aún más oscuro, con cortes eléctricos que amenazan con volverse más largos, más frecuentes y más desesperantes. La dependencia energética del régimen cubano respecto a Caracas vuelve a pasar factura en el peor momento posible.
El problema no es nuevo, pero sí más grave. Cuba necesita entre 110.000 y 150.000 barriles diarios para sostener su infraestructura energética básica. No para crecer ni desarrollarse, sino para sobrevivir. Sin embargo, nunca ha logrado garantizar ese suministro de manera estable. La falta de producción propia, la ausencia de divisas y la pérdida progresiva de aliados han dejado al país sin margen de maniobra.
Durante 2024, Venezuela aportó alrededor de 24.000 barriles diarios, con variaciones constantes propias de un aliado incapaz de sostener ni su propia crisis. En 2025, los envíos se convirtieron en una auténtica montaña rusa: meses con picos de hasta 52.000 barriles, seguidos por desplomes que redujeron el suministro a apenas 8.000 barriles diarios. México, presentado durante años como socio “solidario”, también se fue retirando: sus envíos cayeron más de un 70%, con repuntes puntuales que no logran cubrir el déficit estructural.
Si Washington avanza hacia un control directo de la producción petrolera venezolana —como ha sugerido Donald Trump— el impacto para Cuba sería inmediato. El grifo se cerraría. Y en la Isla, cuando se cierra el grifo, se apaga el país.
El deterioro del sistema eléctrico es visible en cada barrio. Según datos de la Unión Eléctrica de Cuba, el Sistema Eléctrico Nacional enfrenta déficits que superan los 1.600 megawatts en horario pico. La capacidad real de generación ronda apenas los 1.488 MW, mientras la demanda supera los 3.100 MW. No hay margen para la propaganda ni espacio para soluciones improvisadas: la matemática es simple y la oscuridad, inevitable.
Las termoeléctricas, envejecidas y mal mantenidas durante décadas, continúan saliendo de servicio una tras otra. Unidades completas permanecen paradas por averías, mantenimientos interminables o, sencillamente, por falta de combustible y lubricantes. El discurso oficial insiste en hablar de “incidencias técnicas”, pero la realidad es más cruda: el sistema está colapsado.
Ni siquiera la llamada generación distribuida, presentada por el régimen como tabla de salvación, logra sostenerse. Decenas de centrales están detenidas y cientos de megawatts se pierden cada día por la escasez de combustible. Un país sin petróleo no puede improvisar energía, y Cuba ya agotó todas las reservas de maquillaje estadístico.
El impacto social es profundo y acumulativo. La falta de electricidad significa transporte paralizado, fábricas detenidas, hospitales funcionando bajo estrés extremo y hogares sometidos a jornadas enteras sin luz, con calor, mosquitos y alimentos echándose a perder. La crisis energética dejó de ser un problema técnico para convertirse en un detonante social.
El recuerdo de las protestas del 11 de julio de 2021 sigue presente en la memoria colectiva. Aquellas manifestaciones no surgieron de la nada: fueron el resultado directo de apagones, escasez y un país cansado de sobrevivir. Hoy, el contexto es incluso más grave, con menos recursos, mayor desgaste social y una población que siente que ya no tiene nada que perder.
Con Maduro fuera de juego y el petróleo venezolano en duda, el régimen cubano pierde su último salvavidas energético. La pregunta ya no es si habrá más apagones, sino cuánto tiempo puede aguantar un país apagado antes de volver a encender la calle.
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