Las familias damnificadas en la provincia de Guantánamo que están recibiendo viviendas construidas a partir de contenedores no las obtendrán como donación. Según información publicada por el diario oficialista Venceremos, estos inmuebles deberán ser pagados por sus beneficiarios a un precio que supera incluso la tasación bancaria de las viviendas convencionales en Cuba.
El programa estatal estima un costo cercano a los 900.000 pesos cubanos (CUP) por unidad, aunque reconoce que el “costo final” aún podría ajustarse. El beneficiario debe asumir el valor del contenedor “según el presupuesto aprobado”, mientras que la urbanización y otros gastos asociados serían cubiertos por el Estado. El propio reporte oficial deja claro que no se trata de donaciones, sino de viviendas estatales con financiamiento público.
Uno de los puntos más polémicos es que el mecanismo de pago aún no ha sido definido públicamente. De acuerdo con la información oficial, las condiciones se establecerán “posteriormente” con el sistema bancario, bajo esquemas de “negociación y entendimiento mutuo”, siguiendo los procedimientos habituales del programa de la vivienda. Para las familias afectadas, esta indefinición añade incertidumbre a una situación ya crítica.
Las viviendas contenedores forman parte de una iniciativa dirigida a núcleos familiares que sufrieron derrumbes totales tras el impacto de los huracanes Óscar y Melissa, así como intensas lluvias registradas en septiembre. El proyecto reutiliza contenedores empleados previamente para la importación de paneles solares destinados a parques fotovoltaicos, que luego se adaptan para uso habitacional.
Actualmente, la provincia ejecuta 70 viviendas contenedores, distribuidas en tres municipios: 15 en San Antonio del Sur, 20 en la cabecera provincial de Guantánamo y 35 en Imías. Todas están destinadas, según el discurso oficial, a familias que perdieron completamente sus casas.
El debate público se intensificó tras un análisis difundido por la internauta Yulieta Hernández Díaz, quien comparó el costo estimado de 900.000 CUP con el salario medio mensual en Cuba, de 6.685,3 CUP. Según sus cálculos, si una persona destinara el 100 % de su salario al pago de la vivienda, necesitaría 135 meses, es decir, 11 años y dos meses, para saldar la deuda. Si solo pudiera destinar el 50 % del salario, el tiempo se elevaría a 22,5 años, y con el 30 %, a 37,5 años.
“Esto no es un problema individual: es un síntoma estructural de una economía donde los precios de bienes esenciales están completamente desconectados de los ingresos reales”, escribió Hernández Díaz, poniendo sobre la mesa una crítica que muchos cubanos comparten en redes sociales.
El contraste se vuelve aún más llamativo cuando se compara este costo con la tasación oficial de las viviendas convencionales. Según resoluciones vigentes, el valor base promedio de una casa de mampostería con cubierta pesada ronda los 225.000 CUP, muy por debajo del precio que ahora se atribuye a una vivienda contenedor, de menor tamaño y concebida como solución “rápida”.
En cuanto a las características, cada vivienda se construye a partir de un contenedor de 12 metros de largo, con un área útil aproximada de 29 metros cuadrados, diseñada para familias de hasta cuatro personas. Incluye dos habitaciones, baño interior, cocina con meseta, sala-comedor, ventilación natural y las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas básicas. Para mitigar el calor, se prevé aislamiento interior con bastidores de madera y paneles de melamina, además de un techo independiente que crea una cámara de aire y ocho ventanas para favorecer la ventilación.
Las casas se elevan del suelo y se integran en asentamientos con urbanización, drenaje, accesos y servicios básicos. El mobiliario no es obligatorio y queda a decisión de cada familia; en casos de vulnerabilidad social, el Estado podría asumir ese gasto como parte de la asistencia.
Más allá de los detalles técnicos, la pregunta de fondo persiste: ¿puede considerarse una solución real obligar a familias que lo perdieron todo a asumir una deuda que puede durar décadas? ¿Por qué una vivienda alternativa termina costando más que una casa convencional? ¿Quién responde por la desconexión entre salarios e importes oficiales?
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