Por: Redacción Reporte Cuba Ya
La reciente aprobación del gobierno cubano sobre pagos adicionales a trabajadores del sector presupuestado, amparada en el Acuerdo 10199 del Consejo de Ministros, ha destapado una nueva caja de Pandora en la provincia de Santiago de Cuba. Lo que en el papel se vendió como una medida para «frenar el éxodo laboral» y aliviar los bajos salarios, en la práctica se ha convertido en otro foco de conflicto y decepción para el personal de la salud.
Fuentes directas desde la provincia indómita han contactado a Reporte Cuba Ya para denunciar que, específicamente en el Distrito 3 de Salud, las autoridades se han negado a efectuar los pagos correspondientes a los trabajadores. Esta negativa afecta directamente al personal de instituciones sensibles como los hogares de ancianos, el Policlínico Municipal López Peña y el Policlínico 28 de Septiembre.
Según la información recibida bajo condición de anonimato, estas instituciones contarían con un fondo de más de 20 millones de pesos disponibles para estos pagos. Sin embargo, la dirección del distrito ha bloqueado la distribución de estos recursos. La indignación crece entre los empleados, quienes ven cómo, una vez más, las promesas de mejora salarial se diluyen en la burocracia y la falta de transparencia de los directivos locales.
Corrupción y tráfico de influencias: El caso de la farmacia de Enramada
Más allá del impago salarial, la denuncia ha sacado a la luz un presunto caso de corrupción y abuso de poder que involucra a una directiva identificada como «Yanela», vinculada a una farmacia ubicada en las calles Enramada y Carnicería. El caso expone cómo funcionan las redes de influencia dentro de las instituciones estatales.
Según los testimonios, esta directiva, valiéndose de sus amistades en el gobierno local, habría orquestado el despido de tres trabajadoras —entre ellas una mujer identificada como Deisy Leliebre— tras un conflicto relacionado con la venta y el faltante de dipirona. La fuente asegura que, aunque el caso fue llevado a los tribunales y se demostró que las trabajadoras no habían cometido ninguna violación, ganando el juicio, la sentencia no se ha ejecutado.
Las víctimas de este proceso llevan tiempo apelando y esperando una justicia que no llega. La denuncia apunta a que la red de contactos de la directiva en los tribunales y el gobierno ha permitido que se mantenga la impunidad, dejando a trabajadoras con décadas de servicio en la calle y sin sus derechos restituidos, simplemente por un alarde de poder.
Un sistema que no protege al trabajador
Estos hechos en Santiago de Cuba reflejan una realidad que se repite a lo largo de la isla: leyes que se anuncian para «beneficiar» al pueblo pero que dependen de la arbitrariedad de los jefes de turno para cumplirse. Mientras el oficialismo intenta vender una imagen de recuperación, los trabajadores de la salud siguen siendo el eslabón más débil, sometidos a bajos salarios, pésimas condiciones y represalias si alzan la voz.
Desde Reporte Cuba Ya continuaremos monitoreando esta situación y exigiendo respuestas sobre el destino de los fondos millonarios que pertenecen a los trabajadores.
Recuerda que en Reporte Cuba Ya somos un medio independiente comprometido con la verdad. Si tienes información, fotos o videos sobre este u otros casos, contáctanos. Garantizamos tu anonimato y protegemos nuestras fuentes.
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