Por: Redacción Reporte Cuba Ya
El Tribunal Supremo Popular de Cuba notificó este lunes 8 de diciembre de 2025 las sentencias definitivas contra Alejandro Miguel Gil Fernández, ex viceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación. En un fallo que busca enviar un mensaje de severidad en medio de la crisis sistémica que atraviesa la isla, el tribunal ha impuesto la sanción de privación perpetua de libertad, acusándolo de delitos que van desde la corrupción administrativa hasta el espionaje y la traición a la Patria.
Las vistas orales, que se desarrollaron bajo un hermetismo casi total durante el mes de noviembre de 2025, concluyeron con dos causas penales separadas. En la primera y más grave, el régimen ha responsabilizado a Gil de actuar en perjuicio de la actividad económica, cohecho, sustracción de documentos clasificados y, lo más alarmante, espionaje. Según la versión oficial, el exfuncionario puso información sensible «a disposición de los servicios del enemigo», una terminología que el gobierno utiliza habitualmente para politizar los procesos judiciales y cerrar filas ante la opinión pública. Por este conjunto de delitos, se dictó la cadena perpetua.
En un segundo proceso paralelo, Gil Fernández fue condenado a 20 años de privación de libertad por delitos de «cuello blanco»: cohecho continuado, tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos y evasión fiscal. El fallo judicial ordena además la confiscación de todos sus bienes y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, despojándolo de cualquier derecho político. La narrativa del tribunal insiste en que el acusado actuó con «degradación ética» y simuló lealtad mientras recibía sobornos de firmas extranjeras para beneficio personal.
Lo que llama poderosamente la atención en la nota oficial es el énfasis en que Gil «engañó a la dirección del país». Esta afirmación genera escepticismo entre analistas y la población cubana, pues resulta difícil de creer que, en un estado policial y de vigilancia extrema como el cubano, un ministro de tal envergadura pudiera cometer actos de espionaje y corrupción masiva durante años sin el conocimiento o la complicidad tácita de la cúpula gobernante. La sentencia parece diseñada para focalizar toda la culpa del fracaso económico en un solo individuo, salvando la responsabilidad política de Miguel Díaz-Canel y el resto del buró político.
El documento oficial también señala que, aunque la defensa tiene diez días para apelar, el Tribunal tramitará de oficio la apelación para la cadena perpetua, como establece la ley. Curiosamente, la nota subraya que tanto el acusado como sus abogados reconocieron que se respetaron sus garantías constitucionales, una declaración que suele ser habitual en los juicios de alto perfil en la isla, donde la defensa a menudo se alinea con los intereses del Estado para evitar represalias mayores.
Desde Reporte Cuba Ya, analizamos este hecho no como un acto de justicia independiente, sino como un movimiento estratégico del poder. Sacrificar a un alfil como Alejandro Gil, con acusaciones tan graves como el espionaje, sirve para distraer la atención de la ineficiencia estructural del modelo socialista y justificar ante las bases más radicales del partido la necesidad de «mano dura». Sin embargo, queda la interrogante de si esta sentencia pondrá comida en la mesa de los cubanos o si simplemente es el cierre de un capítulo vergonzoso para la élite castrista.
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