El régimen cubano ha autorizado a la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. a operar en Cuba como transmisora de dinero, incluyendo la posibilidad de entregar dólares en efectivo a los beneficiarios dentro del país. Así lo establece la Resolución 135/2025 del Banco Central de Cuba, publicada en la Gaceta Oficial. La disposición, firmada por la ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, permite a Cubamax canalizar fondos a través de instituciones financieras cubanas para depósitos en cuentas bancarias, tarjetas de débito o prepago, así como la entrega de efectivo tanto en moneda nacional como en divisas. La empresa, con sede en Hialeah, Florida, cuenta con licencia como transmisora de dinero en Estados Unidos y podrá operar en Cuba sin constituirse como persona jurídica, siempre que cumpla con los requisitos de supervisión, transparencia y ciberseguridad exigidos por las autoridades cubanas.
Un giro económico con trasfondo político
Esta decisión representa un cambio relevante en la política financiera del régimen, que durante años restringió el uso del dólar en efectivo alegando las sanciones de Washington y las dificultades para su manejo internacional. La autorización a Cubamax apunta a un nuevo intento de captar remesas desde Estados Unidos, principal fuente de divisas para millones de familias cubanas, en un contexto de profunda crisis económica y escasez generalizada.
El movimiento se inscribe en la estrategia del gobierno de Miguel Díaz-Canel de reforzar el control estatal sobre los flujos de dinero que entran al país, consolidando una economía cada vez más polarizada y dependiente de las divisas externas.

Control estatal y muchas incógnitas
Según la resolución, Cubamax deberá designar un representante residente en Cuba, garantizar sistemas de protección de datos y ciberseguridad, someterse a la jurisdicción de los tribunales cubanos e informar a los usuarios sobre tarifas, comisiones y riesgos. En la práctica, todo el proceso quedará bajo estricto control estatal.
Sin embargo, el texto oficial omite información clave que definirá el impacto real de esta medida en la vida cotidiana de los cubanos. No se detallan las comisiones ni tarifas del servicio, los posibles límites por transacción, los plazos de entrega ni la cobertura territorial. Tampoco se aclara si los beneficiarios recibirán realmente billetes en dólares o si el dinero será entregado en pesos cubanos al tipo de cambio oficial, tradicionalmente desfavorable.

Al dejar estos aspectos abiertos a decisiones administrativas futuras, el Banco Central conserva un amplio margen de discrecionalidad. Para los ciudadanos, esto se traduce en incertidumbre, falta de garantías y total dependencia de las condiciones que imponga el propio régimen.
La Resolución 135/2025 entrará en vigor cinco días hábiles después de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, durante la primera semana de enero de 2026.
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