La Habana – Una nueva alerta sobre la represión a la libertad de expresión en Cuba ha sido emitida por el Observatorio de Derechos Culturales este 3 de octubre. El artista independiente Fernando Almenares, conocido en el ámbito underground como Nando Obdc, se enfrenta a una petición fiscal de seis años de privación de libertad por el presunto delito de propaganda contra el orden social. El caso evidencia, una vez más, la utilización del aparato judicial para silenciar el disenso.
Según la información a la que tuvo acceso el Observatorio, los hechos que se le imputan a Almenares consisten en haber colocado cuatro telas con frases que incitaban a la manifestación pacífica, la defensa de los derechos humanos y la promoción de cambios democráticos en el país. Estas acciones, que en una sociedad democrática forman parte del ejercicio de derechos fundamentales, son interpretadas por el Estado cubano como un ataque directo al «orden social», amparándose en una figura delictiva formulada en términos peligrosamente ambiguos.
Expertos legales señalan que el delito de «incitar» contra el orden social mediante propaganda está redactado de una manera tan general que permite al Estado penalizar un amplio abanico de acciones, desde la simple manifestación de una opinión hasta la convocatoria a una protesta pacífica. Esta ambigüedad legal se convierte en una herramienta eficaz para vulnerar el derecho a la libre emisión del pensamiento y la participación política, anulando cualquier forma de crítica no autorizada por el gobierno.
La fiscalía fundamenta su acusación en un conjunto de pruebas que han sido calificadas como endebles y preocupantes. Entre ellas se encuentra un dictamen pericial para confirmar su caligrafía en las telas y el testimonio de una persona que gestiona remesas, con el cual intentan probar una supuesta motivación de lucro. Este último punto es crucial, ya que se utiliza para solicitar una sanción más elevada. Sin embargo, el simple hecho de recibir dinero del exterior no constituye prueba de que su finalidad fuera la comisión de un delito.
De manera aún más alarmante, el expediente incluye un certificado emitido por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) donde se hace constar que Fernando Almenares no pertenece al Registro del Creador ni mantiene vínculos con la institución. Este documento, lejos de ser un mero trámite administrativo, es utilizado como un instrumento para criminalizar a los artistas que operan fuera de las estructuras oficiales del Ministerio de Cultura, presentándolos como individuos «desajustados» y sin legitimidad.
El caso de Fernando Almenares es un claro reflejo de un patrón represivo en el que las instituciones del Estado, incluidas las culturales, se alinean con la seguridad del estado para perseguir a quienes disienten. Se convierte el derecho al ejercicio del arte y la libertad de expresión en un acto ilícito si no se cuenta con la aprobación oficial. Desde el Observatorio de Derechos Culturales se ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en defensa del artista y exija un proceso judicial que respete los estándares democráticos internacionales.
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Para el debate: ¿Qué mensaje envía el gobierno cubano al utilizar a sus propias instituciones culturales para reprimir a los artistas independientes? ¿Puede existir un verdadero diálogo en un país donde la crítica pacífica es castigada con la cárcel?
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