La activista camagüeyana Aniette González García, considerada presa política por organizaciones de derechos humanos, fue liberada esta semana tras cumplir íntegramente la sanción impuesta por el régimen, según confirmó el periodista exiliado José Luis Tan Estrada.
González se encontraba recluida en el campamento de trabajo forzado “El Anoncillo”, en Camagüey, donde cumplió los tres años de privación de libertad establecidos en su condena. Al momento de su salida, envió un mensaje a otros presos políticos: “No se rindan”, palabras que Tan Estrada compartió durante un evento con venezolanos en Ciudad de México.
La activista había sido encarcelada desde 2023 por subir a redes sociales fotografías en las que posaba con una bandera cubana. Su caso se volvió emblemático por lo absurdo de la acusación: durante el juicio realizado en octubre de ese año, la Fiscalía basó su narrativa en especulaciones sobre la ropa que supuestamente llevaba bajo la bandera, una muestra más del uso político de la justicia en Cuba.
Problemas de salud ignorados por las autoridades
A finales de noviembre, familiares y allegados pidieron donaciones de sangre tipo A+ debido a una operación urgente de garganta. Su hija, Anniette Ginestá, explicó al medio independiente La Hora de Cuba que la activista necesitaba una microcirugía laríngea, advirtiendo que, sin atención oportuna, existía riesgo de deformación permanente en las cuerdas vocales y complicaciones respiratorias.
Durante toda su reclusión, a la activista le fue negada de manera reiterada la atención médica adecuada, así como el acceso a práctica religiosa y la posibilidad de obtener la libertad condicional, a pesar de cumplir los requisitos.
Reconocimiento internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas cautelares ante las graves violaciones a sus derechos y las condiciones de reclusión reportadas por su familia.
Previo a su traslado a “El Anoncillo”, González estuvo internada en la Granja 5 de la Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey, otro centro señalado por maltratos y falta de atención médica.
Su liberación no borra los tres años de castigos, arbitrariedades y abandono institucional que padeció por un acto que, en cualquier país democrático, jamás sería considerado delito.
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