La curadora de arte y activista Anamely Ramos González pidió este miércoles el indulto para Yohamnys Thomas González, uno de los cuatro hombres sentenciados a cadena perpetua por el intento de desviar hacia Estados Unidos la lancha de pasajeros Baraguá en abril de 2003. El recluso, que entró en prisión con 24 años, lleva más de 23 encarcelado y se encuentra recluido en el área de máxima seguridad de la cárcel de Guanajay, en Artemisa.

Ramos González hizo el pedido a través de una publicación en Facebook firmada junto al rapero Eliécer Márquez Duany, conocido como El Funky. En el texto, la activista reveló que Thomas González "pronto será padre por primera vez" y que ese nacimiento renueva su esperanza de obtener un indulto que le permitiría criar a su hijo en libertad. La solicitud se enmarca en una serie de denuncias que Ramos comenzó el pasado noviembre para visibilizar a los presos políticos condenados a cadena perpetua o penas superiores a veinte años en Cuba.

La activista describió a los condenados de aquel proceso como hombres que, después de más de dos décadas encarcelados, "han ido convirtiéndose en fantasmas en vida". A su juicio, las tres ejecuciones realizadas tras el juicio sumarísimo de 2003 han acaparado la memoria pública del caso, mientras los nombres y las historias de los demás jóvenes sentenciados quedaron relegados a un segundo plano. Con esta segunda entrega, Ramos busca rescatar sus trayectorias y presionar por su excarcelación.

Los hechos del 2 de abril y el juicio sumarísimo

El 2 de abril de 2003, Thomas González estuvo entre las once personas que tomaron el control de la Baraguá, una lancha de pasajeros que cubría la ruta entre Regla y La Habana, con la intención de llegar a territorio estadounidense. La embarcación se quedó sin combustible y fue remolcada de regreso a puerto. Dependiendo de la fuente, a bordo viajaban entre 40 y 50 personas, entre ellas entre seis y ocho menores de edad. Ningún pasajero resultó herido, según recogió una nota oficial citada posteriormente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aseguró que todos fueron rescatados "sin un disparo ni un rasguño".

Sin embargo, la sentencia del tribunal afirmó que los secuestradores dispararon dos veces una pistola para atemorizar a los rehenes, un extremo que la CIDH incorporó en su informe sobre el caso. Ramos reconoció en su publicación que se trató de "una jornada atravesada por la violencia", pero añadió que algunos pasajeros, entre ellos ciudadanas extranjeras, estaban dispuestos a declarar que no habían sido maltratados, un testimonio que, según la activista, el proceso judicial no tuvo en cuenta. Este señalamiento pone en entredicho la imparcialidad del juicio celebrado por el régimen de La Habana apenas días después de los hechos.

Los once acusados fueron llevados ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana el 5 de abril de 2003. El juicio sumarísimo concluyó el día 8 con la Sentencia 11/2003. En la madrugada del 11 de abril, las autoridades de la isla ejecutaron por fusilamiento a Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, acusados de terrorismo. La celeridad del proceso —de la toma de la lancha a las ejecuciones transcurrieron apenas nueve días— constituye una evidencia de la ausencia de garantías judiciales que caracteriza al sistema penal cubano.

Condenas perpetuas y antecedentes de represión

En el mismo proceso, Yohamnys Thomas González, Maikel Delgado Aramburu, Harold Alcalá Aramburu y Ramón Henry Grillo recibieron cadena perpetua. Otras cuatro personas fueron condenadas a penas de entre dos y treinta años de prisión. Ramona Castillo, madre de Lorenzo Enrique Copello, relató en su momento que la tarde anterior a la ejecución un coronel le aseguró que la condena a muerte no era firme, y que de madrugada le avisaron de que su hijo ya había sido ejecutado y enterrado, según recogió CubaNet en 2022. Este testimonio ilustra la crudeza con la que la dictadura cubana gestiona los casos de disidencia política o intento de salida del país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó el 21 de octubre de 2006, en su Informe 68/06, que el Estado cubano violó los derechos a la vida, a la justicia y al debido proceso de los tres fusilados, al juzgarlos y condenarlos a muerte sin las debidas garantías. La CIDH recomendó al gobierno cubano reparar a las familias y adaptar sus leyes y su Constitución a los estándares internacionales sobre juicio justo e independencia judicial. Hasta la fecha, el ejecutivo cubano no ha implementado dichas recomendaciones, una actitud que mantiene al país bajo escrutinio de organismos internacionales de derechos humanos.

Las condiciones de los condenados a cadena perpetua en la prisión de Guanajay han salido a la luz por boca del propio Thomas González. En agosto de 2025, el recluso denunció por teléfono a CubaNet que el director de la prisión, el teniente coronel Guillermo Cordero Monduy, les había retirado las memorias flash con películas y series que les grababan sus familias. Contó además que, para tomar el sol, no los sacan al aire libre, sino que los trasladan durante aproximadamente una hora diaria a otra celda sin techo. Un video compartido por Ramos en un comentario fijado bajo su publicación muestra las condiciones en las que estos presos reciben exposición solar.

Contexto sistémico: justicia sin independencia y crisis estructural

El caso de Thomas González no es un hecho aislado, sino la expresión de un sistema judicial subordinado al poder político, donde los tribunales actúan como instrumento de control social y castigo ejemplarizante. La dictadura cubana ha utilizado históricamente los procesos sumarísimos y las condenas desproporcionadas para disuadir cualquier intento de emigración ilegal o de protesta interna. La ausencia de separación de poderes, la inexistencia de jueces independientes y la opacidad del aparato represivo convierten cada sentencia en una decisión política más que en un acto de justicia.

Este patrón se inserta en una crisis estructural más amplia que atraviesa la isla: inflación descontrolada, desabastecimiento de productos básicos, apagones prolongados y un éxodo migratorio sin precedentes. La combinación de miseria económica y persecución política ha empujado a decenas de miles de cubanos a emprender rutas peligrosas por mar y tierra, mientras el régimen de La Habana responde con leyes cada vez más restrictivas y sanciones penales desproporcionadas. El pedido de indulto para Thomas González se produce en un contexto de creciente presión social interna y de denuncias internacionales sobre la represión en la isla.

Las familias de los condenados han solicitado el indulto en reiteradas ocasiones sin éxito. Julia Estrella Aramburu Taboas, madre de Maikel Delgado y tía de Harold Alcalá, lo pidió tres veces, la última en 2020 ante el gobernante Miguel Díaz-Canel, según recogió CubaNet. La falta de respuesta de las autoridades de la isla a estas solicitudes refleja la rigidez de un sistema penitenciario que niega cualquier atisbo de clemencia a quienes considera enemigos internos, incluso décadas después de los hechos y en ausencia de víctimas fatales.

La serie “los cadenas” y la visibilización de los presos olvidados

Ramos González inició el 11 de noviembre una serie periodística y testimonial titulada “los cadenas”, centrada en presos políticos condenados a cadena perpetua o a más de veinte años de cárcel. La primera entrega abordó el caso de Joel Dorta García, de 54 años, también recluido en el área de máxima seguridad de Guanajay. Dorta fue detenido el 4 de julio de 1999 tras llegar a la isla desde Estados Unidos en una lancha rápida para recoger a su familia y a la de otros tripulantes. Fue acusado de tráfico de personas y, apenas 45 días después, condenado a cadena perpetua en un juicio que duró ocho horas, según documentó la activista.

La serie busca rescatar las historias de quienes, después de más de dos décadas en prisión, han sido olvidados por la opinión pública internacional y silenciados por los medios oficiales del régimen de La Habana. El uso de testimonios directos, documentos judiciales y denuncias de los propios reclusos otorga a la iniciativa un valor periodístico que suple el vacío informativo impuesto por la censura estatal en Cuba. La publicación de Ramos en Facebook, una plataforma bloqueada en la isla pero accesible desde el exterior, se convierte en un canal alternativo para visibilizar estas realidades.

Entre los comentarios a la publicación, un usuario identificado como José Mario Maydenia escribió que conoció personalmente a Thomas González y le deseó pronta libertad. Este tipo de reacciones evidencian que, pese al paso de los años, la sociedad cubana dentro y fuera de la isla mantiene viva la memoria de aquellos que intentaron escapar del control estatal. La activista cerró su texto con un llamado a la excarcelación de quienes cumplen estas penas: “Que vuelvan a casa, abracen a sus familias y vivan los años que les quedan con un poco de paz, sería TODO para ellos y mucho, muchísimo, para ese país que existe todavía en nuestro deseo”.

Perspectivas y presión internacional

La continuidad de la serie promete sacar a la luz los casos de otros condenados a cadena perpetua en Guanajay y en otras cárceles de la isla, ampliando así la presión sobre el gobierno cubano para que revise estas sentencias y otorgue indultos humanitarios. La comunidad internacional, a través de la CIDH y de organizaciones de derechos humanos, ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por la situación de los presos políticos en Cuba, pero la cerrazón del régimen de La Habana ha impedido avances concretos. El caso de Thomas González, con su inminente paternidad, añade un elemento de urgencia humanitaria que podría movilizar a más actores en favor de su liberación.

El desenlace de este pedido de indulto dependerá en gran medida de la disposición del ejecutivo cubano a mostrar gestos de distensión en materia de derechos humanos, algo que contradice su historial reciente de endurecimiento represivo. Mientras tanto, la activista Ramos González ha anunciado que seguirá documentando las historias de quienes permanecen en celdas de máxima seguridad, manteniendo viva la llama de la denuncia y la memoria frente a una dictadura que apuesta por el silencio y el olvido.