La iniciativa humanitaria SOS Cuba Aid, coordinada por la activista cubanoamericana Ivette Dominguez, solicitó este martes donaciones de medicamentos, alimentos no perecederos y productos de higiene para el opositor y reportero Pedro Quiala Carmenate, diagnosticado con fibrosis quística, así como para las familias de los presos políticos Lizandra Góngora Espinosa y Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC.

El llamado, difundido desde Miami, se produce en un contexto de creciente deterioro del sistema sanitario cubano y de endurecimiento de la represión contra voces disidentes. La campaña coloca a Quiala como “una de las principales prioridades” de su trabajo, después de que la página Cuba Libre Network alertara el día anterior sobre el delicado estado de salud del activista, agravado en el último mes.

Entre los productos solicitados figuran mascarillas y tubos de oxígeno, medicamentos y tratamientos respiratorios recetados para su enfermedad, suplementos nutricionales, vitaminas, alimentos no perecederos ricos en proteínas y artículos de higiene personal. Las donaciones se canalizan mediante una lista de deseos de Amazon enlazada desde la cuenta de Instagram de SOS Cuba Aid.

Quiala, de 35 años y nacido en Mayarí, Holguín, integra el Movimiento Escudo Cubano. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente los pulmones y el aparato digestivo, y exige medicación constante, terapia respiratoria y una alimentación adecuada de forma permanente. Para un paciente en Cuba, donde el acceso a fármacos e insumos básicos es cada vez más restringido, la falta de estos recursos puede convertirse en una condena silenciosa.

Antecedentes de acoso y represión contra el activista

El historial de hostigamiento contra Quiala documenta la respuesta del aparato represivo de la dictadura cubana frente al activismo independiente. En octubre de 2024, el propio activista relató a Diario de Cuba que en 2020 pasó unos 18 días en terapia intensiva en el hospital La Dependiente, en el municipio Cerro, y que tras una recaída los médicos le indicaron oxígeno permanente en su domicilio. Sin embargo, cuando su familia lo reclamó a Salud Pública, la respuesta de un funcionario fue que no había contratos de oxígeno disponibles y que “cuando muriera un paciente” le pasarían el contrato a él.

Ese mismo mes, allegados lograron conseguir mangueras para su máquina de oxígeno y algunos antibióticos, pero aún le faltaban aerosoles para descongestionar los pulmones, afectados por una bacteria. La precariedad material se suma a una cadena de detenciones y presiones: el 6 de mayo de 2022, Quiala y el activista Ángel Cuza fueron detenidos después de que Cuza transmitiera en directo por Facebook la explosión del hotel Saratoga; en septiembre de 2023, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denunció que Quiala y el reportero Carlos Milanés Tejeda fueron sitiados en sus casas o privados de acceso a internet durante la cumbre del Grupo de los 77 y China.

El 24 de julio de 2024, agentes de la Seguridad del Estado detuvieron en casa de Quiala al propio activista, a Milanés y a Rafael Zamora Mederos, y los mantuvieron dos horas en la estación policial de Dragones. Según denunciaron, el acoso aumentó tras asistir a una misa en memoria del opositor Oswaldo Payá. A Quiala los policías le advirtieron que podía ser sancionado por “acciones contrarrevolucionarias”. A finales de ese mes, la policía política lo condujo de nuevo a Dragones y le confiscó sus tarjetas bancarias y 43.000 pesos, según denunció el propio Quiala. Los agentes le dijeron que no fuera más a un banco y lo amenazaron con no darle un nuevo carné de identidad si perdía el que tenía. Ese dinero, explicó, se lo enviaban familiares y amigos para comprar comida y medicinas.

La campaña también apoya a hijos de una presa política y a otro artista condenado

SOS Cuba Aid prepara además artículos de primera necesidad y juguetes de Navidad para los hijos de Lizandra Góngora, madre de cinco niños condenada a 14 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, Artemisa. Desde marzo de 2023 está recluida en la prisión de Los Colonos, en la Isla de la Juventud, a unos 160 kilómetros de su familia. Según el comunicado, las autoridades han rechazado sus pedidos de traslado a una cárcel más cercana, y ella ha pasado más de seis meses sin ver a sus hijos, que quedaron a cargo de su esposo, Ángel Delgado.

Entre los apoyados figura también Nando OBDC, rapero y artista plástico detenido el 31 de diciembre de 2024, según PEN America. El Tribunal Provincial Popular de La Habana lo condenó a cinco años de privación de libertad por “propaganda contra el orden constitucional”, de acuerdo con la sentencia del 22 de diciembre de 2025 publicada por Martí Noticias. La inclusión de estos casos en una campaña de ayuda humanitaria evidencia cómo el régimen de La Habana castiga con cárcel, distancia forzada y desamparo a quienes disienten o simplemente exigen derechos básicos.

Contexto de crisis estructural y cifras récord de presos políticos

La campaña de SOS Cuba Aid se inserta en un escenario de colapso del sistema de salud cubano, marcado por el desabastecimiento crónico de medicamentos, la obsolescencia de equipos médicos y la emigración masiva de personal sanitario. Las autoridades de la isla responsabilizan al bloqueo estadounidense, pero el deterioro responde también a la ineficiencia estatal, la falta de transparencia y la prioridad que el gobierno cubano otorga al aparato represivo frente a las necesidades básicas de la población.

El mismo comunicado que activa la recogida de donaciones refleja la magnitud de la persecución política: Cuba tenía 1.353 presos políticos al cierre de octubre, una cifra récord, según el informe más reciente de Prisoners Defenders publicado el 12 de noviembre. Entre ellos hay 158 mujeres y 43 personas detenidas cuando eran menores de edad. La organización contabilizó además 464 presos con enfermedades graves que no reciben atención médica adecuada, un dato que conecta directamente con el caso de Pedro Quiala y con la vulneración sistemática del derecho a la salud dentro del sistema penitenciario y fuera de él.

La dictadura cubana ha convertido la escasez en un instrumento de control político. La negativa a entregar contratos de oxígeno, la confiscación de tarjetas bancarias, las amenazas a pacientes dependientes de medicación y la reclusión en cárceles lejanas a los familiares no son hechos aislados, sino piezas de una estrategia de castigo colectivo contra la disidencia. La ayuda exterior, como la que coordina SOS Cuba Aid, intenta paliar un vacío que el Estado cubano no solo no cubre, sino que en muchos casos profundiza deliberadamente.

Una respuesta humanitaria frente al abandono estatal

SOS Cuba Aid recibe medicamentos de venta libre, sobre todo infantiles, alimentos no perecederos, vitaminas y suplementos, insumos médicos básicos y para el cuidado respiratorio, productos de higiene y juguetes para hijos de presos políticos. Las donaciones se realizan a través de una lista de Amazon o se coordinan por mensaje directo en Instagram. En su comunicado, el grupo afirma que “no pretende reemplazar el trabajo que otros ya realizan, sino sumarse a él”, y anima a contactar directamente a las familias de los presos políticos para preguntarles qué necesitan.

La iniciativa evidencia una realidad incómoda para el discurso oficial del régimen de La Habana: miles de cubanos dependen de la solidaridad del exterior para acceder a medicinas, alimentos y artículos de primera necesidad. Mientras el aparato estatal dedica recursos a vigilar, detener y sancionar a activistas como Pedro Quiala, Lizandra Góngora o Nando OBDC, las familias cubanas deben organizar redes de ayuda transnacional para suplir lo que el Estado no garantiza. La comunidad internacional observa con creciente preocupación una crisis humanitaria que ya no puede atribuirse únicamente a factores externos, sino a decisiones políticas internas que perpetúan el sufrimiento de la población.

El caso de Quiala, con su oxígeno pendiente de un contrato que solo se libera cuando otro paciente muere, resume el abandono estructural del sistema de salud cubano y la crueldad de una burocracia que antepone el control político a la vida de las personas. La campaña de SOS Cuba Aid es un paliativo necesario, pero no sustituye la responsabilidad de un gobierno que, en lugar de garantizar el derecho a la salud, criminaliza a quienes alzan la voz y condena a los enfermos a depender de la caridad internacional.