MIAMI.- El congresista estadounidense Carlos Giménez condenó enérgicamente la campaña de hostigamiento desatada por el régimen de La Habana contra la periodista de CubaNet Camila Acosta y el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, después de que ambos fueran citados a una estación policial de la capital cubana por una acusación de supuesto atentado.

El pronunciamiento del legislador republicano, difundido a través de la red social X con la etiqueta #SOSCuba, incluyó una advertencia contundente: "¡La dictadura ha desatado una terrible ola represiva para silenciar al pueblo!". Giménez afirmó que desde el Congreso de Estados Unidos denuncian el hostigamiento contra Acosta, Santiesteban y toda la sociedad civil dentro de la isla.

La citación se produjo mediante una llamada telefónica el martes 17 de noviembre, cuando un hombre que se identificó como el coronel Márquez, jefe de la estación policial de Zapata y C, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, comunicó a Acosta que tanto ella como su esposo debían comparecer el jueves 19 de noviembre a las 10:00 de la mañana ante el capitán Pileta.

Según el testimonio de la reportera, el funcionario no ofreció explicación alguna sobre los hechos que motivaban la denuncia ni reveló la identidad del acusador. "Le pregunté: '¿Pero quién nos hace la acusación? ¿Cuál es? ¿Por qué el delito?'. Me dijo, simplemente: 'El jueves le daremos todas las informaciones'", relató la periodista, quien hasta el momento desconoce si las autoridades de la isla han abierto formalmente un expediente penal en su contra.

Posible vínculo con grabación a agente de la Seguridad del Estado

Acosta considera que el procedimiento podría estar relacionado con un video que grabó a finales de octubre, cuando un presunto agente de la Seguridad del Estado le impedía salir de su vivienda sin mostrar una orden judicial. Sin embargo, la posible vinculación no ha sido confirmada por las autoridades cubanas.

La periodista recordó que ya fue interrogada sobre esa grabación durante su detención del pasado 3 de noviembre, cuando varios agentes la interceptaron mientras se dirigía al veterinario con su mascota, la esposaron y la introdujeron por la fuerza en una patrulla. Tras permanecer varias horas detenida e incomunicada en la estación policial de Playa, fue liberada con un acta de advertencia por supuestos "actos contra la intimidad personal y familiar".

Acosta aseguró que los agentes también le atribuyeron presuntas amenazas recibidas por familiares del oficial que apareció en el video. La reportera rechazó cualquier responsabilidad por esas supuestas amenazas y denunció el uso de figuras penales para presionarla y castigar su labor periodística.

La periodista cuestionó además que la nueva acusación incluya a Santiesteban, pues, según explicó, su esposo no estuvo presente cuando grabó al agente ni durante su detención del 3 de noviembre. "Si es por esta grabación que le hice al oficial de la Seguridad del Estado, no entiendo por qué está metido Ángel también ahí, mi esposo, porque ese día que yo grabé, Ángel no estaba conmigo", declaró.

Antecedentes: condena masónica y presión política

La citación ocurre menos de dos semanas después de que Santiesteban fuera condenado a dos años de limitación de libertad y una multa de 20.000 pesos cubanos por el supuesto delito de tráfico ilegal de divisas. La sentencia fue dictada el 5 de noviembre por el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en un proceso contra cuatro masones relacionado con dos operaciones de cambio de divisas, por un total de 300 dólares, vinculadas al Asilo Nacional Masónico Llansó.

Santiesteban, elegido en septiembre soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, denunció que el proceso respondió a presiones de la Seguridad del Estado para apartarlo de sus responsabilidades dentro de la masonería. Según el escritor, una teniente coronel identificada como "Kenia" lo había amenazado con consecuencias judiciales si no abandonaba el cargo.

Para Acosta, el procedimiento busca obligarlos a abandonar su labor y sus posiciones críticas frente al gobierno cubano. "Todo esto, yo estoy segura, es guiado por la Seguridad del Estado con el objetivo de continuar la presión y aplastar toda manifestación de disidencia o toda voz libre dentro de Cuba", sostuvo la reportera.

Ola represiva contra colaboradores de CubaNet

Las nuevas denuncias de Acosta y Santiesteban se suman a otros episodios recientes de persecución contra colaboradores de CubaNet. El periodista Vladimir Turró Páez denunció que fue retenido durante aproximadamente diez horas por agentes de la Seguridad del Estado, quienes lo trasladaron a una zona apartada de La Habana y lo amenazaron con una pistola para obligarlo a grabar un video anunciando su renuncia al medio. Amnistía Internacional condenó públicamente las amenazas denunciadas por el reportero.

Por su parte, Adelth Bonne Gamboa fue detenido violentamente cerca de su vivienda en La Habana. Según denunció, los agentes lo esposaron, le ocuparon equipos de trabajo y le impusieron una multa de 3.000 pesos por sus publicaciones en redes sociales. Acosta también denunció que su teléfono móvil le fue devuelto inutilizado tras la detención del 3 de noviembre y que, tres días después, un nuevo operativo de vigilancia le impidió salir de su vivienda junto a su esposo.

Contexto estructural: represión sistemática y crisis en la isla

La escalada represiva contra periodistas independientes y activistas en Cuba no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una estrategia sistemática de la dictadura cubana para silenciar cualquier voz disidente. Desde las protestas multitudinarias de julio de 2021, el régimen de La Habana ha intensificado la persecución penal contra ciudadanos que ejercen el derecho a la libertad de expresión y prensa, utilizando figuras legales ambiguas como "desacato", "desorden público" y "actos contra la intimidad" para criminalizar la protesta y el periodismo independiente.

Este endurecimiento se produce en un contexto de colapso económico sin precedentes: inflación galopante, desabastecimiento de alimentos y medicinas, apagones prolongados y un éxodo migratorio masivo que ha vaciado la isla de su población joven y profesional. Las autoridades de la isla, lejos de atender las causas estructurales de la crisis, han optado por redoblar la vigilancia política y la represión selectiva contra quienes documentan el deterioro de las condiciones de vida.

La comunidad internacional ha observado con creciente preocupación el deterioro de las libertades fundamentales en la isla. Organizaciones como Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa y el propio Congreso estadounidense han multiplicado sus pronunciamientos exigiendo la liberación de los presos políticos y el fin de la persecución contra periodistas. Sin embargo, el ejecutivo cubano continúa negando el acceso a observadores internacionales y rechaza sistemáticamente las recomendaciones de organismos de derechos humanos.

La comparecencia de Acosta y Santiesteban ante las autoridades policiales de Plaza de la Revolución se perfila como un nuevo capítulo en esta estrategia de intimidación. La falta de transparencia sobre los cargos, la ausencia de una orden judicial explícita y la vinculación del procedimiento con la actividad periodística de la pareja sugieren que se trata de una maniobra para amedrentar y, eventualmente, forzar su silencio. De confirmarse este patrón, el caso podría constituir una nueva violación flagrante de las garantías procesales y del derecho a la libertad de prensa.

El desenlace de la citación definirá si las autoridades de la isla optan por profundizar la persecución penal contra la prensa independiente o retroceder ante el escrutinio internacional. Mientras tanto, el respaldo expresado por el congresista Giménez desde Washington representa un gesto simbólico pero creciente de apoyo a una sociedad civil cubana que se encuentra cada vez más acorralada entre la asfixia económica y la represión política. La comunidad internacional seguirá de cerca el caso como termómetro del respeto a los derechos humanos en la isla.