En un desarrollo que ha generado malestar en el entorno legal cubano, la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, una organización independiente, ha denunciado que el nuevo Código Penal aprobado en 2022 no solo no mejora las condiciones para proteger a niñas menores de 12 años sino que también deja a las adolescentes entre 12 y 18 años en una situación de vulnerabilidad. Esta crítica se hace eco del clamor de derechos humanos que ha venido denunciando el deterioro progresivo del marco legal cubano, especialmente en lo que respecta a la protección de los más vulnerables.
Diversent, en un post publicado en Facebook, cuestionó las afirmaciones de que hablar de una reducción de la edad de consentimiento es “falso”. Según sus explicaciones, el artículo 395.6 del Código Penal (Ley 151/2022) establece una diferencia crucial: mientras que antes la protección automática contra la explotación sexual se extendía a todas las niñas menores de 12 años, ahora esta protección solo cubre a menores de esa edad. Esto implica que adolescentes entre los 12 y 18 años pueden estar en una situación legalmente indefensa frente a abusos sexuales.
Este cambio ha sido calificado por algunos como un retroceso significativo en la protección del derecho a la integridad física y sexual de las niñas. La crítica se ve ampliamente respaldada por el análisis independiente, que ha señalado repetidamente cómo los gobiernos de Cuba han permitido la erosión gradual de derechos fundamentales en aras de políticas económicas y sociales que no han logrado superar su crisis estructural.
El contexto político actual en Cuba es crucial para entender esta discusión. A pesar de las promesas de cambios económicos y sociales desde 2019, la situación de los ciudadanos ha empeorado significativamente. La crisis económica, la falta de acceso a alimentos básicos y medicinas, y la creciente desigualdad han creado un escenario donde los abusos sexuales y otras formas de violencia se vuelven más prevalentes. En este contexto, cualquier medida que parezca debilitar aún más las normas de protección resulta especialmente preocupante.
Más allá del debate legal, la situación denunciada por Diversent refleja una preocupación mayor sobre el estado actual de los derechos humanos en Cuba. La organización Cubalex ha sido una voz constante en la defensa de estos derechos, y su alerta llama a la comunidad internacional para que se haga cargo de supervisar y presionar al gobierno cubano para que adopte medidas efectivas contra la explotación sexual infantil.
La crítica de Diversent también resalta la importancia de mantener un código penal que refleje las necesidades cambiantes de protección en un entorno social en constante evolución. En países como Cuba, donde las crisis económicas y sociales son continuas, es crucial garantizar que las leyes reflejen estas realidades para proteger a los más vulnerables.
En resumen, la denuncia de Diversent sobre el nuevo Código Penal cubano no solo plantea una cuestión legal sino una alerta social y política. Mientras se mantenga el actual marco legal, las adolescentes en Cuba podrían seguir expuestas a riesgos significativos sin la protección necesaria. Esta situación debe ser abordada con urgencia por el gobierno cubano y la comunidad internacional para garantizar que los derechos humanos fundamentales no sean sacrificados en aras de soluciones económicas insuficientes.
