MIAMI, Estados Unidos — El Centro de Información Legal Cubalex presentará un informe detallado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo martes. Este documento recoge al menos 215 acciones verificadas de militarización en Cuba entre febrero y julio del año 2026, una práctica que según la ONG se ha intensificado después de la aprobación por el Consejo de Defensa Nacional de “planes y medidas para el paso al ‘estado de guerra'” en enero. La audiencia, titulada “Cuba: Impactos de la militarización”, está programada para las 11:00 a.m. a 12:30 p.m. en Washington.
Prácticas militares en el seno civil
Cubalex expondrá ante los comisionados una serie de prácticas que, según la organización, demuestran un avance significativo hacia la militarización del país. Entre ellas destacan la ocupación policial y militar de barrios después de protestas provocadas por los apagones, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, amenazas de muerte contra personas privadas de libertad por razones políticas y restricciones para viajar de una provincia a otra. Además, la ONG ha documentado el congelamiento de cuentas y bienes mediante resoluciones administrativas y la incorporación de ejercicios militares a escuelas y universidades.
Detalles específicos y casos notables
La organización ha destacado varios casos notables que ilustran la gravedad de la situación. Entre ellos, el caso del creador de contenido Eddy Ceballos, quien fue enviado a juicio ante un tribunal militar por grabar un video satírico en una instalación castrense abandonada. Otra práctica denunciada son las limitaciones de movilidad que, según Cubalex, solo han sido levantadas por motivos de salud, trámites consulares o fallecimientos; y los congelamientos de cuentas y propiedades sin notificación previa ni proceso penal.
Militarización en el ámbito educativo
En el ámbito educativo, Cubalex menciona prácticas como tiro, planes de evacuación y otras actividades de preparación para la guerra. El sistema de monitoreo de Cubalex ha contabilizado 10 acciones de militarización en febrero, 42 en abril, 54 en junio y 39 durante las primeras tres semanas de julio. La organización subraya que únicamente incorporó hechos que afirma haber verificado de manera independiente, reconociendo que la cifra constituye un subregistro.
Relación con el descontento social
Cubalex relaciona el crecimiento de estos operativos con los períodos de mayor descontento social. Sus registros contabilizan 234 protestas en marzo, 66 en abril, 109 en mayo y 254 en junio; pero según su análisis, la presencia militar no disminuyó al descender las manifestaciones, sino que se mantuvo en niveles cada vez más altos después de cada pico de movilización. Este fenómeno sugiere una estrategia del régimen cubano para mantener un control constante, independientemente de la situación social.
Aumento de reportes de inseguridad
El informe también sostiene que los reportes de inseguridad aumentaron un 109% entre enero y abril, pese al incremento de la presencia militar. Esto plantea preguntas sobre las verdaderas intenciones del gobierno en su política de seguridad y preparación para el “estado de guerra”. La militarización generalizada parece ser una respuesta a una realidad que incluye descontento social e inseguridad, pero también podría ser un pretexto para justificar acciones autoritarias.
Contexto histórico y críticas al régimen
Esta práctica de militarización se enmarca dentro del contexto más amplio de las políticas restrictivas implementadas por el gobierno cubano. Durante los últimos años, Cuba ha enfrentado una crisis económica severa que ha llevado a la población a protestar contra las limitaciones y la falta de libertades. La respuesta del régimen no fue solo de apertura sino también de endurecimiento de medidas represivas.
Cierre: Una mirada crítica ante la militarización
La presentación de estas denuncias ante la CIDH representa un paso importante en el camino hacia un mayor reconocimiento internacional del deterioro de los derechos humanos en Cuba. Mientras tanto, el régimen cubano sigue avanzando con su política de militarización, lo que sugiere una respuesta autoritaria a las necesidades y demandas sociales. La sociedad civil y organizaciones internacionales seguirán vigilando estas prácticas, buscando un retorno a la normalidad y la protección plena de los derechos humanos en la Isla Caraibeña.
