Especial para ReporteCubaYa

Miami, Estados Unidos — En un duro golpe para los esfuerzos de siete herederos cubanos que buscaban resarcimiento por la confiscación ilegal de sus bienes durante el régimen castrista, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos confirmó recientemente la desestimación de su demanda contra las corporaciones británicas Imperial Brands y WPP. La decisión es una más en una larga lista de fracasos judiciales para quienes intentan enfrentar directamente a la dictadura cubana.

Antecedentes del Caso

La demanda, presentada por Luis Manuel Rodríguez, María Rodríguez, Alfredo Ramón Forns, Ramón Alberto Rodríguez, Raúl Lorenzo Rodríguez, Christina Conroy y Francisco Ramón Rodríguez, ciudadanos estadounidenses y descendientes de Ramón Rodríguez Gutiérrez, se basa en la confiscación de su participación del 90% en la empresa Ramón Rodríguez e Hijos Sociedad en Comandita, una fábrica de cigarrillos y un edificio adyacente ubicados en La Habana. Durante el año 1961, el gobierno cubano nacionalizó la compañía, actuación que la familia considera como un acto ilegal y confiscatorio.

Según los demandantes, las propiedades fueron usadas para producir, comercializar y distribuir puros por parte de la corporación estatal Habanos, mientras el monopolio tabacalero Tabacuba estableció oficinas en el edificio vecino. Los herederos sostienen que esta conducta constituye “tráfico” de bienes confiscados según la Ley Helms-Burton.

Imperial Brands: Adquisición y Desprendimiento

La empresa Imperial Brands adquirió en 2007 la española Altadis, que poseía una participación no controladora del 50% en Habanos. Posteriormente, en 2020, Imperial Brands se desprendió de esta inversión indirecta, lo cual ha sido utilizado por el gobierno cubano para argumentar que ya no tiene conexión legal con las actividades relacionadas a la propiedad confiscada.

WPP: Contratación y Efectos

Mientras tanto, WPP, junto con sus filiales estadounidenses Young & Rubicam y Burson Cohn & Wolfe, fue contratada para promocionar productos de Habanos fabricados, almacenados o gestionados desde la propiedad confiscada. Aunque no se ha establecido directamente su participación en el tráfico de bienes confiscados, la contratación de estas empresas con un monopolio estatal que opera sobre las propiedades delcaso plantea serias dudas sobre la legitimidad de sus negocios.

Decisiones Jurisdiccionales

El panel judicial concluyó que los tribunales federales estadounidenses carecen de jurisdicción personal sobre ambas empresas, por lo que mantuvo la decisión adoptada previamente por una corte del sur de Florida. Los jueces se limitaron a decidir que obligar a las dos corporaciones extranjeras a defenderse ante una corte estadounidense sería incompatible con las garantías de debido proceso.

Esta decisión, aunque no determinó si Imperial Brands o WPP participaron efectivamente en el tráfico de bienes confiscados, deja abierta la posibilidad de que tales actividades tuvieran lugar. La sentencia reitera la crítica postura del régimen cubano frente a cualquier intento de resarcimiento judicial.

Cuadro General de la Crisis Estructural en Cuba

La historia de este caso es solo una más en el amplio cuadro de la crisis estructural que vive Cuba. El país, bajo el mando del régimen comunista, ha enfrentado un colapso económico y social desde la caída del bloque soviético en 1991. Las restricciones comerciales internacionales, las sanciones estadounidenses y los problemas internos han exacerbado aún más esta situación.

El gobierno cubano ha buscado protegerse judicialmente de demandas de este tipo, argumentando que el régimen de Fidel Castro y Raúl Castro ha sido infalible. La desestimación de la demanda de los herederos es una continuación de esta táctica.

Consecuencias para las Compañías Involucradas

Aunque Imperial Brands y WPP han evitado enfrentar directamente a un tribunal estadounidense, no ha habido consecuencias tangibles. Imperial Brands continuó operando en el mercado cubano sin mayores problemas, mientras que WPP también mantuvo su presencia, aunque con ciertas limitaciones.

Cierre

La desestimación de esta demanda demuestra una vez más la impunidad del régimen castrista. Aunque los herederos yacían esperanzados en obtener resarcimiento por sus pérdidas, el fallo judicial refuerza la fortaleza defensiva del gobierno cubano frente a cualquier intento legal.

Este caso es solo una muestra de cómo las empresas internacionales han tenido que aprender a convivir con un régimen corrupto y poco transparente. Las consecuencias para los herederos, sin embargo, son más amplias: la falta de justicia y el cierre de vías legales para recuperar lo sustraído.