En las últimas semanas, la Seguridad del Estado de la dictadura cubana ha multiplicado las acciones de hostigamiento contra reporteros, escritores y activistas, desplegando un repertorio que va desde detenciones arbitrarias y esperas prolongadas hasta la exhibición de armas de fuego y la imputación de delitos penales sin sustento. Los casos documentados por la prensa independiente revelan una escalada represiva que golpea a quienes intentan informar o disentir dentro de la isla.

La periodista Katia Monteagudo, en un artículo publicado en El Estornudo, recogió recientemente los casos de Yoani Sánchez, directora de 14ymedio; Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC; y Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet. Los tres han sido sometidos a detenciones, traslados a unidades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y permanencia forzada en patrullas cerradas, bajo el inclemente sol tropical, una modalidad represiva que se repite desde hace décadas y que busca el quebranto físico y psicológico de las víctimas.

A ese patrón se suma el caso de Henry Constantín, director del medio digital La Hora de Cuba, radicado en Camagüey, y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Constantín permanece encarcelado desde el pasado mes de septiembre, en una detención que organismos internacionales han calificado como un ataque directo a la libertad de expresión y un castigo ejemplarizante contra el periodismo independiente.

Una pistola para doblegar la voluntad de informar

La gravedad de los episodios recientes se eleva con la denuncia del periodista Vladimir Turró Páez, colaborador de este medio digital. Según su testimonio, un agente de la Seguridad del Estado lo amenazó de muerte mientras blandía una pistola. “No sé mucho de armas. No sé si el cargador tenía balas. Lo que sí sé es el terror que sentí. Pensé que iban a acabar con mi vida”, declaró Turró a CubaNet. El relato describe una intimidación extrema, con un arma de fuego utilizada presuntamente para forzarlo a abandonar su labor informativa.

Este tipo de amenaza directa contra un periodista independiente cubano no se registraba con tal crudeza en los últimos lustros. Aunque existen antecedentes de violencia estatal contra la disidencia, el uso ostensible de un arma para silenciar a un reportero marca un punto de inflexión en las tácticas de la policía política. El periodista y abogado Alberto Méndez Castelló abordó el caso en un artículo titulado “Una pistola para silenciar a un periodista: ¿quién investiga a la Seguridad del Estado?”, una pregunta que subraya la impunidad estructural con la que opera el aparato represivo del régimen de La Habana.

Citaciones eternas y acusaciones sin sustento

En Pinar del Río, el colaborador de la revista Convivencia Yoandy Izquierdo Toledo fue citado a las diez de la mañana del lunes en la sede provincial de la Seguridad del Estado. Llegó con diez minutos de antelación y tuvo que esperar más de siete horas, hasta pasadas las 5:20 de la tarde, para ser atendido. El oficial a cargo, un teniente coronel identificado únicamente como “Yasmani”, justificó la demora alegando que la electricidad acababa de restablecerse y que Criminalística no había podido completar su trabajo. La explicación resulta particularmente irritante en un país donde los apagones prolongados forman parte de la rutina diaria y cuya crisis energética se extiende incluso a los trámites policiales, convirtiendo la espera en un instrumento adicional de desgaste.

El martes, Izquierdo fue citado nuevamente. El ingeniero Dagoberto Valdés Hernández, director de Convivencia, lo acompañó ambos días en solidaridad, aunque no había sido requerido por las autoridades. Valdés relató que, durante la segunda jornada, a Izquierdo le retiraron el carnet de identidad y le ordenaron esperar sentado en la recepción durante más de cinco horas. La retención de documentos y las citaciones consecutivas sin justificación configuran una forma de acoso administrativo diseñada para consumir tiempo, generar angustia y obstaculizar el trabajo de los disidentes.

A estos casos se suma la información publicada por Odette González en CubaNet, según la cual el gobierno cubano acusó formalmente de “atentado” a la periodista Camila Acosta y al escritor Ángel Santiesteban. La propia Acosta explicó que un oficial le comunicó por teléfono que ambos debían comparecer este jueves en la estación policial de Zapata y C, en La Habana, sin precisar los hechos que sustentan la imputación ni quién la formuló. La palabra “atentado” implica un delito grave, pero hasta el momento las autoridades no han ofrecido ninguna motivación concreta. La periodista sospecha que la acusación podría estar relacionada con el video que grabó a un presunto agente de la Seguridad del Estado cuando le impedía salir de su vivienda, aunque se trata de una hipótesis no confirmada. La inclusión de Santiesteban, quien según Acosta no estuvo presente en los incidentes señalados, añade desconcierto y sugiere un uso selectivo del sistema penal para intimidar a círculos más amplios.

Contexto sistémico

La multiplicación de estos actos represivos no es un fenómeno aislado, sino la expresión de una crisis política y social profunda en la isla. La dictadura cubana, enfrentada a un colapso económico de larga data —con inflación descontrolada, desabastecimiento de alimentos y medicinas, y apagones que se prolongan por más de diez horas diarias en amplias zonas del país— recurre al control policial como herramienta para sofocar cualquier expresión de descontento. El hostigamiento a periodistas, activistas y opositores busca enviar un mensaje claro: quienes cuestionen al poder pagarán con su libertad, su tiempo y su seguridad personal.

La crisis energética, utilizada por el oficial “Yasmani” para justificar la espera de más de siete horas, es el telón de fondo de una realidad donde los servicios públicos han dejado de funcionar para la ciudadanía, pero el aparato represivo conserva recursos y capacidades para perseguir a los disidentes. Esta asimetría evidencia que las prioridades del régimen de La Habana no están en resolver las necesidades básicas de la población, sino en blindar su supervivencia política. Los cortes de electricidad, lejos de ser una excusa válida, se convierten en parte del castigo psicológico: la persona citada no puede trabajar, no puede informar, y queda a merced de una burocracia arbitraria que decide cuándo atenderla.

El exilio masivo —con cientos de miles de cubanos que han abandonado la isla en los últimos tres años, la mayor oleada migratoria desde el éxodo del Mariel— es otro síntoma del deterioro estructural. Quienes permanecen y optan por la disidencia enfrentan un repertorio represivo que combina la vieja escuela del G2 con nuevas formas de asfixia administrativa. La falta de garantías judiciales, la ausencia de una prensa libre y la inexistencia de mecanismos democráticos de control convierten a la Seguridad del Estado en un poder sin contrapesos, capaz de fabricar acusaciones y someter a los ciudadanos a procedimientos interminables sin rendir cuentas.

Antecedentes y presión internacional

La Seguridad del Estado, conocida desde los primeros años del régimen como el G2, tiene un largo historial de represión contra la disidencia. Desde la creación de los Comités de Defensa de la Revolución hasta las detenciones masivas durante el llamado “Periodo Especial”, los órganos de inteligencia cubanos han operado con un amplio margen de impunidad, amparados en una legislación penal que criminaliza la protesta pacífica y la información independiente. Casos como el de Henry Constantín, encarcelado desde septiembre, se inscriben en una tradición de persecución a periodistas que incluye nombres como los de José Daniel Ferrer, Roberto de Jesús Quiñones o los miembros del Movimiento San Isidro, muchos de los cuales permanecen en prisión o en arresto domiciliario.

La reciente escalada coincide, además, con un escenario internacional en transformación. El G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón, ha emitido pronunciamientos reclamando “reformas significativas” en Cuba y “pasos concretos” hacia “la democracia multipartidista”. La Administración de Donald Trump ha endurecido su retórica contra el régimen de La Habana, revirtiendo parcialmente la política de distensión de su antecesor. Sin embargo, mientras los gobiernos extranjeros discuten estrategias de presión, los periodistas, escritores y activistas dentro de la isla siguen enfrentando detenciones, amenazas y acusaciones cuyos fundamentos ni siquiera se les comunican al citarlos.

La comunidad internacional tiene ante sí el desafío de traducir esas declaraciones en mecanismos efectivos de protección. Las sanciones y los llamados a la democratización no serán suficientes si no se acompañan de una condena clara y sostenida a la represión cotidiana, de canales de asilo para los perseguidos y de una presión diplomática que obligue al gobierno cubano a liberar a los presos políticos y a respetar las libertades fundamentales. El silencio cómplice de algunos actores internacionales solo perpetúa la indefensión de las víctimas.

Consecuencias e implicaciones

La sucesión de actos represivos descritos en las últimas semanas deja un escenario sombrío para la prensa independiente cubana. Cada detención, cada amenaza con arma de fuego, cada acusación de “atentado” sin sustento reduce el espacio para la información libre y empuja a más profesionales al exilio o al silencio. La incertidumbre jurídica —como la que enfrentan Camila Acosta y Ángel Santiesteban, citados sin conocer los cargos — se convierte en un castigo en sí misma, un recordatorio de que en Cuba el respeto a la legalidad depende de la voluntad discrecional de los agentes del poder.

Para la ciudadanía, el mensaje es inequívoco: reclamar derechos o informar sobre la realidad es un acto que puede costar la libertad, la integridad física o la vida. Mientras el régimen de La Habana siga utilizando a la Seguridad del Estado como brazo ejecutor de su política de control, el futuro de la isla estará marcado por el miedo y la emigración forzada. Las promesas de reformas democráticas, formuladas por actores internacionales y esperadas por millones de cubanos, chocan con una realidad cotidiana de represión que evidencia cuánto falta para que un ciudadano pueda opinar, informar o disentir sin temor a represalias.