MIAMI, Estados Unidos — El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos dictaminó este martes que los cubanos liberados en la frontera con un formulario I-220A no cumplen, por ese documento, el requisito de parole que la Ley de Ajuste Cubano establece para solicitar la residencia permanente, una decisión que sienta precedente obligatorio en Florida, Georgia y Alabama.

La opinión, redactada por el juez Brasher en nombre de un panel de tres magistrados, concluye que para acogerse a la ley de 1966 un ciudadano cubano que ingresó sin inspección ni admisión formal debe haber recibido el parole humanitario contemplado en la ley migratoria, es decir, el permiso que el Departamento de Seguridad Nacional puede conceder por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo.

El tribunal estableció una distinción jurídica determinante: el formulario I-220A es una orden de liberación bajo palabra que se fundamenta en el artículo 1226, diseñado para excarcelar a una persona detenida mientras se resuelve si será deportada. “La liberación de la detención migratoria al amparo de la disposición sobre parole condicional del artículo 1226 no basta”, escribieron los jueces en el fallo.

El caso de la familia Aguiar

La sentencia responde al caso de Yoan Aguiar Fernández, su esposa Yenisley González Sanabria y su hija Essined Yoana Aguiar González, quienes cruzaron la frontera cerca de San Luis, Arizona, el 25 de junio de 2021 y se entregaron a la Patrulla Fronteriza. Tras una detención breve, cada uno recibió un I-220A que citaba el artículo 1226 como fundamento legal de su liberación.

La familia solicitó la residencia permanente por la Ley de Ajuste Cubano y, por separado, el parole humanitario. El DHS negó el parole el mismo día de la audiencia de fondo ante el juez de inmigración, aunque los solicitantes volvieron a pedirlo poco después. El juez descartó las solicitudes de residencia, negó el asilo y ordenó la deportación de los tres a Cuba. La Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó esa decisión sin realizar un análisis independiente.

Ante el Undécimo Circuito, la defensa argumentó que la detención de la familia correspondía al artículo 1225(b)(2)(A), que solo permite salir de la custodia mediante el parole humanitario. Según esa interpretación, los tres habrían recibido dicho parole por imperativo legal, aunque sus documentos indicaran lo contrario.

El tribunal rechazó esa lectura. El juez Brasher señaló que la concesión de un parole humanitario conforme al artículo 1182(d)(5)(A) es una cuestión de hecho histórico que depende de las razones por las que la agencia liberó a la persona y se verifica en el expediente administrativo, no en la autoridad legal con que se efectuó la detención. No obstante, los jueces dejaron una puerta entreabierta: esa autoridad de detención podría resultar relevante cuando el expediente no aclare por qué se concedió la liberación.

Un expediente que no dejaba dudas

En el caso de la familia Aguiar, el expediente sí aclaraba las circunstancias, según el fallo. Las órdenes I-220A citaban las regulaciones del artículo 1226; las propias solicitudes de residencia presentaban esas órdenes como base de su presencia en el país; ninguno recibió el formulario I-94 que habitualmente se otorga a quienes obtienen parole humanitario; y el DHS les negó ese parole cuando lo solicitaron formalmente.

Con esta decisión, el Undécimo Circuito aplicó a la Ley de Ajuste Cubano la misma regla que los circuitos Segundo, Tercero, Quinto y Noveno emplean para el ajuste de estatus general. La Junta de Apelaciones de Inmigración ya había llegado a una conclusión equivalente el 11 de septiembre de 2023, cuando en el caso Cabrera-Fernández estableció que la liberación con parole condicional del artículo 236 es jurídicamente distinta del parole humanitario y no permite ajustar estatus por la Ley de Ajuste Cubano.

Antecedentes recientes y contradicciones del sistema

El 23 de febrero de 2026, el mismo tribunal había anulado las decisiones de la BIA contra dos cubanas, Irela Labrada Hechavarría y Gabriela Pérez Labrada, devolviendo sus casos para un nuevo examen. Aquel fallo no resolvió si estaban detenidas bajo el artículo 1225 o el 1226, limitándose a señalar que el Gobierno había cambiado de posición sobre cuál de los dos regía su detención. A diferencia de la sentencia de este martes, aquel fallo no se publicó y no sienta precedente obligatorio.

El tribunal también confirmó la negativa de asilo, de suspensión de la deportación y de protección bajo la Convención contra la Tortura. Aguiar Fernández testificó que estuvo en Venezuela entre 2010 y 2013 en una misión del gobierno cubano y que quiso abandonarla cuando le pidieron convencer a venezolanos de votar por el oficialismo. A su regreso a Cuba, en marzo de 2013, le retiraron el pasaporte de misión, pero no fue arrestado ni interrogado, y posteriormente obtuvo licencia para operar un taller de chapistería en su vivienda.

Según su testimonio, un capitán de la Policía apellidado Cordero visitó el taller en cinco o seis ocasiones y lo amenazó con encarcelarlo y divulgar que había abandonado la misión si no le reparaba el vehículo. En la última visita le propinó dos golpes con una tonfa. Un informe médico del 14 de mayo de 2016 documentó hematomas en el pecho y arañazos en las piernas. La familia abandonó Cuba con pasaportes personales rumbo a México en agosto de 2018. El juez de inmigración consideró creíble el testimonio, pero no encontró persecución política. El Undécimo Circuito coincidió con esa valoración y añadió que “el expediente sugiere que Cordero actuó a título privado”.

Datos oficiales y exilio cubano

Entre abril y junio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos aprobó 139 solicitudes de residencia por la Ley de Ajuste Cubano, denegó 447 y acumulaba 342.360 casos pendientes al 30 de junio, según su informe trimestral más reciente. Esa cifra incluye a todos los solicitantes cubanos, no únicamente a quienes portan un I-220A.

La decisión judicial deja en pie la orden de deportación a Cuba dictada contra Yoan Aguiar Fernández, su esposa y su hija. El fallo refuerza una interpretación restrictiva que afecta directamente a decenas de miles de cubanos que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos durante el éxodo masivo de los últimos años y que fueron liberados bajo parole condicional mientras sus casos migratorios avanzaban lentamente.

Contexto estructural: una migración forzada por el colapso

La situación de los cubanos con I-220A no puede desligarse del contexto estructural que empuja a miles de personas a abandonar la isla cada año. La dictadura cubana mantiene un control absoluto sobre la economía, los medios de comunicación y la vida política, sin permitir mecanismos democráticos de rendición de cuentas ni alternancia pacífica en el poder. Esa ausencia de libertades fundamentales, combinada con la crisis económica más profunda en décadas, ha provocado un flujo migratorio sostenido hacia Estados Unidos, México, Sudamérica y Europa.

El régimen de La Habana ha respondido al descontento social con una combinación de represión selectiva y criminalización de la disidencia, mientras los servicios básicos —desde el suministro eléctrico hasta la atención sanitaria— colapsan de manera sistemática. La inflación descontrolada, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y la ausencia de oportunidades laborales dignas configuran un escenario de emergencia humanitaria que las autoridades cubanas niegan y ocultan mediante la censura y el control informativo.

En este contexto, la decisión del Undécimo Circuito añade una capa adicional de incertidumbre jurídica para quienes ya se encuentran en Estados Unidos con un estatus migratorio precario. La sentencia no modifica la Ley de Ajuste Cubano, que sigue siendo una vía legal para quienes cumplen estrictamente sus requisitos, pero sí cierra una interpretación que las organizaciones de apoyo a migrantes consideraban legítima y necesaria para regularizar a miles de familias.

La orden de deportación contra la familia Aguiar evidencia el riesgo concreto que enfrentan quienes, tras huir de Cuba, no logran acreditar los requisitos formales del sistema migratorio estadounidense. Para ellos, el regreso a la isla implica la exposición directa a un sistema que consideran responsable de su partida forzada y que no ofrece garantías de integridad física ni de respeto a los derechos humanos básicos.

La comunidad internacional sigue observando con preocupación el deterioro de la situación en Cuba, mientras los mecanismos de protección para los migrantes se endurecen en los países receptores. La decisión del tribunal de Atlanta se produce en un momento en que las rutas migratorias hacia Estados Unidos atraviesan una transformación profunda, con controles fronterizos más estrictos y una creciente judicialización de los casos individuales.

Para los cubanos que hoy portan un I-220A, el fallo representa un golpe jurídico significativo. Sin embargo, la puerta entreabierta que dejaron los jueces —relativa a la autoridad de detención cuando el expediente no es claro— podría dar lugar a nuevas batallas legales en los tribunales inferiores, especialmente en casos donde la documentación administrativa resulte ambigua o contradictoria.