Casi un año después de que el Tribunal Provincial Popular de La Habana dictara una sentencia de cinco años contra el rapero y artista visual Fernando Almenares Rivera, su familia denuncia que el fallo condenatorio sigue sin aparecer en los registros oficiales de los tribunales ni del centro penitenciario donde cumple sanción, una anomalía que obstaculiza el acceso a beneficios penitenciarios.

Eva Rivera, madre del artista conocido como Nando OBDC, explicó que ha recorrido múltiples instituciones del sistema judicial y penitenciario de la isla en busca del documento oficial sin obtener respuesta alguna. La mujer acudió al Tribunal Supremo, consultó en la Dirección de Cárceles y Prisiones y envió a su esposo en tres ocasiones al Tribunal Provincial de La Habana, pero en ningún registro informático aparece la sentencia que supuestamente ratificó la condena.

"La sentencia no aparece registrada ni en la prisión. Estoy en el limbo", resumió la madre del artista, quien describe un laberinto burocrático donde cada dependencia remite a la anterior sin que ninguna asuma la responsabilidad de exhibir un documento que debería ser de carácter público entre las instituciones involucradas.

Un proceso judicial con graves irregularidades

El proceso contra Nando OBDC se inició con su detención el 31 de diciembre de 2024 en el municipio de La Lisa, en La Habana. Tras su arresto, pasó por dependencias policiales y posteriormente fue trasladado a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, donde según sus familiares permaneció varios días incomunicado antes de ser recluido en el Combinado del Este.

Inicialmente las autoridades intentaron vincular al artista con un incendio en el Parque Lenin y durante la investigación se mencionaron acusaciones de terrorismo y sabotaje. Sin embargo, el juicio celebrado el 27 de noviembre de 2025 derivó en una condena por propaganda contra el orden constitucional, vinculada a la colocación de carteles con mensajes políticos en Guanabacoa en agosto de 2024.

El fallo de primera instancia, dictado el 22 de diciembre de 2025, atribuyó al artista la elaboración de esos carteles y sostuvo que actuó siguiendo instrucciones desde el exterior a cambio de dinero. Para sustentar la acusación, el tribunal se apoyó en peritajes caligráficos, testimonios de agentes de la Seguridad del Estado y material extraído de su teléfono móvil. Almenares negó categóricamente las acusaciones y su defensa solicitó la absolución.

Defensa denuncia errores y falta de garantías procesales

La familia de Nando OBDC también ha señalado errores en los datos personales que aparecían en el fallo inicial, así como la omisión de pruebas que podrían haber acreditado la presencia del artista en una actividad artística el día de los hechos que se le imputan. Antes del juicio, la defensa presentó recursos de habeas corpus y solicitudes de cambio de medida cautelar que fueron sistemáticamente rechazados por las autoridades judiciales.

En julio de 2025, cuando aún permanecía en prisión preventiva, el rapero inició una huelga de hambre para denunciar las condiciones de su detención. Su madre advirtió entonces de los graves riesgos para su salud, ya que padece anemia falciforme, una enfermedad sanguínea diagnosticada desde la infancia que requiere seguimiento médico continuo.

Actualmente el artista se encuentra recluido en la prisión Cuba-Panamá, en Güines, provincia de Mayabeque, un centro destinado a personas con VIH/sida pese a que sus familiares sostienen que no padece esa infección. Rivera ha denunciado además problemas de higiene, abastecimiento de agua y alimentación en el establecimiento penitenciario.

El contexto represivo de la dictadura cubana

La desaparición de la sentencia de Nando OBDC de los registros oficiales se enmarca en un contexto más amplio de opacidad institucional y arbitrariedad judicial que caracteriza al sistema penal de la dictadura cubana. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado de manera reiterada cómo el régimen de La Habana utiliza los tribunales como instrumento de persecución política, especialmente contra voces disidentes, artistas independientes y activistas por las libertades fundamentales.

La falta de transparencia en el caso de Almenares Rivera no es un hecho aislado. Responde a un patrón sistemático en el que las autoridades de la isla aplican detenciones preventivas prolongadas, mantienen a los acusados incomunicados y celebran juicios con garantías procesales mínimas, todo ello bajo la supervisión directa de la Seguridad del Estado y los órganos del Partido Comunista de Cuba.

La desaparición documental de una sentencia condenatoria además deja al reo en una situación de inseguridad jurídica total, impidiéndole acceder a mecanismos de defensa legal, beneficios penitenciarios o procesos de revisión de su caso. Este tipo de prácticas buscan prolongar la incertidumbre y desgastar psicológicamente a los detenidos y a sus familias.

El impacto en la sociedad civil y el exilio

Nando OBDC formaba parte de una generación de artistas independientes que utiliza el rap, el grafiti y el arte visual como herramientas de denuncia social. Antes de su encarcelamiento, participó en iniciativas colectivas como "Arte Prohibido", una exposición inaugurada en Miami en diciembre de 2024 que visibilizaba la censura y la represión contra los creadores independientes en la isla.

Su trayectoria incluye canciones y acciones públicas sobre censura, derechos humanos y la situación de los presos políticos, un activismo que lo convirtió en objetivo de la Seguridad del Estado. El caso de Nando OBDC se suma a los de otros artistas y opositores que han sido detenidos, procesados y condenados en los últimos años por ejercer derechos que la dictadura cubana considera amenazantes para su permanencia en el poder.

La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la situación de los presos políticos en Cuba, cuyo número se ha incrementado de forma significativa desde las protestas civiles de julio de 2021. La opacidad judicial en casos como el de Nando OBDC evidencia la falta de voluntad del ejecutivo cubano de ofrecer garantías mínimas de debido proceso o de responder ante la comunidad internacional por sus prácticas represivas.

Mientras la familia de Almenares Rivera continúa buscando infructuosamente la sentencia en los registros oficiales, el rapero permanece recluido en un centro penitenciario destinado a pacientes con enfermedades infecciosas, a la espera de que alguna autoridad explique públicamente por qué un fallo condenatorio dictado hace casi un año no existe en los sistemas informáticos de la isla.