MIAMI, Estados Unidos — En un paso que se percibe como parte de las reformas tecnológicas impulsadas por el gobierno cubano, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la Contraloría General de la República de Cuba han firmado un acuerdo que permitirá el uso compartido de datos financieros para identificar posibles fraudes o evasiones tributarias. Este acuerdo, suscrito en La Habana por Mary Blanca Ortega Barredo, jefa de la ONAT, y Mirian Marban González, contralora general, marca un nuevo frente en el combate a las prácticas ilegales que han socavado la economía del país.
El contexto actual en Cuba es particularmente perturbador. El gobierno, bajo el mando de Miguel Díaz-Canel, ha buscado diversas formas de recuperar ingresos fiscales en un intento por mantener a flote una economía que se hunde lentamente. La crisis económica y la severa escasez de divisas han llevado al país a adoptar medidas drásticas para recaudar impuestos, incluyendo esta reciente iniciativa con IA.
El empleo de inteligencia artificial (IA) en este ámbito es un signo del cambio tecnológico que se ha introducido gradualmente en la administración tributaria cubana. Sin embargo, detrás de estas avanzadas soluciones tecnológicas se oculta una realidad cruda: el fracaso sistemático de políticas económicas que han dejado a muchos cubanos endeudados y desesperados. El uso de IA para vigilancia fiscal no es más que un reflejo de la falta de confianza en los ciudadanos y del abuso de poder por parte de las autoridades.
El acuerdo entre la ONAT y la Contraloría General también plantea preguntas sobre la privacidad y el control gubernamental. Los cubanos temen que este tipo de iniciativas puedan ser usadas para perfeccionar un sistema de vigilancia mucho más amplio, similar a lo que se ha visto en otros países con regímenes autoritarios. La tecnología de IA podría convertirse en una herramienta para el control y la represión en lugar de mejorar la eficiencia fiscal.
Además, hay dudas sobre cómo estas medidas serán implementadas y quién beneficiará realmente con las recaudaciones. Mientras que los ciudadanos pueden verse sometidos a un riguroso control fiscal, el aparato estatal podría agilizar sus propios desvíos de fondos. La ONAT y la Contraloría General se encuentran en una posición privilegiada para manipular y aprovechar estas nuevas tecnologías para sus propósitos.
La crisis económica en Cuba es multifacética, y el uso de IA para detectar evasiones tributarias solo ataja un aspecto superficial del problema. La verdadera solución implica reformas económicas profundas y una política fiscal que sea justa y equitativa. Mientras tanto, los cubanos continuarán enfrentando la dura realidad de una economía en declive y un gobierno cada vez más opresivo.
Este acuerdo debe ser visto como parte del esfuerzo continuo por el régimen para mantenerse a flote, utilizando cualquier medio necesario. La implementación de esta tecnología solo reforzará la percepción de que la libertad y los derechos humanos en Cuba se están erosionando rápidamente.
