MIAMI, Estados Unidos — En los primeros seis meses del año 2026, al menos 39 personas fallecieron bajo la vigilancia del Estado cubano, de acuerdo con un informe publicado por el Centro de Información Legal Cubalex. Esta organización, conocida por su compromiso en documentar violaciones a los derechos humanos en Cuba, ha ampliado su definición de “custodia estatal” para incluir no solo las muertes que ocurren en cárceles, sino también en unidades policiales, instalaciones militares y otros espacios donde el Estado ejerce un control efectivo sobre la vida y la integridad física de los individuos.
Contexto y Antecedentes
Esta cifra, a pesar de ser un mínimo documentado por Cubalex, refleja una situación alarmante que ha venido empeorando en los últimos años bajo el régimen de La Habana. Las muertes bajo custodia estatal no son únicamente un problema de salud pública; son síntomas de una crisis profunda que afecta a la población civil y penal. El sistema penitenciario y las condiciones de detención en Cuba han sido históricamente cuestionados, pero los últimos informes indican un aumento significativo en casos similares.
Las denuncias sobre muertes y maltratos en custodia estatal se han incrementado en el contexto de una economía cada vez más precaria y la presión internacional para que el régimen realice reformas. Aunque las autoridades cubanas a menudo atribuyen estas muertes a problemas médicos o circunstancias naturales, organizaciones independientes como Cubalex insisten en que hay un deber estatal de proteger a los individuos y prestar atención médica adecuada.
Casos destacados
El primero de estos casos fue el de Lázaro García Ríos, de 47 años, quien falleció en enero en el Combinado del Este, la prisión máxima de seguridad situada en La Habana. Cubalex atribuyó su muerte a la falta de atención médica y lo identificó como el primer preso político que murió bajo custodia estatal en 2026.
Otro caso significativo fue el de Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, quien falleció en febrero después de recibir una licencia extrapenal cuando su estado de salud ya estaba gravemente deteriorado. Oña Jiménez, portador de VIH y condenado a 12 años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, había sufrido una isquemia cerebral en la prisión Cuba-Panamá, ubicada en Mayabeque. Fue trasladado al Hospital Julio Trigo, en La Habana, y posteriormente enviado a su vivienda.
Repercusiones e Investigaciones
Cubalex sostuvo que, en el caso de Oña Jiménez, las autoridades recurrieron a la práctica frecuente de otorgar una tardía licencia extrapenal cuando la situación ya era irreversible para evitar asumir responsabilidades. Esto ha sido un patrón constante en casos similares y ha generado críticas a la eficacia del sistema penitenciario y de salud pública en Cuba.
Las investigaciones de Cubalex han desafiado las respuestas oficiales, que suelen minimizar la gravedad de estas muertes. La organización ha enfatizado la necesidad de una investigación independiente y transparente para esclarecer las circunstancias exactas de cada fallecimiento y garantizar que los responsables sean sancionados.
Estrategias y Denuncias
Cubalex obtiene sus datos a través del monitoreo de publicaciones en internet, noticias, testimonios y reportes directos. Sin embargo, la organización se vio limitada por el hecho de que su método no permite acceder a denuncias difundidas en perfiles privados ni a los casos de personas sin teléfono, conexión a internet o posibilidades de comunicarse sin exponerse a represalias. Esto ha llevado a la organización a reconocer que muchas denuncias permanecen invisibles y que el total documentado puede ser solo una fracción del problema real.
Las muertes bajo custodia estatal son un reflejo de las crisis estructurales que afectan a Cuba, desde la falta de recursos médicos hasta la represión política. En momentos en que los ciudadanos cubanos enfrentan una creciente precariedad y desigualdad social, estas muertes subrayan la urgencia de reformas fundamentales.
Las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han llamado a las autoridades cubanas para que tomen medidas inmediatas para mejorar las condiciones de detención y salud pública. Mientras tanto, el informe de Cubalex continúa documentando estos casos con la firmeza necesaria para exigir cambios significativos en el régimen actual.
