LA HABANA, Cuba — El manifestante del 12J Alexander Guillermo Martínez Amoroso denunció vía telefónica este jueves las condiciones extremas de cautiverio que enfrenta en la cárcel de máximo rigor Combinado del Este, donde cumple una condena de 18 años por el delito de sedición. Su testimonio revela privación de agua, desnutrición y aislamiento punitivo, en un contexto de opacidad absoluta por parte de las autoridades penitenciarias.

Martínez Amoroso, detenido el 12 de julio de 2021 durante la represión gubernamental contra las protestas populares no violentas registradas en el barrio La Güinera, municipio Arroyo Naranjo, detalló que se encuentra recluido en el cuarto piso, ala sur del edificio 2 del penal habanero. Desde allí, calificó las condiciones de reclusión como “las más infrahumanas habidas y por haber”, una afirmación que retrata la crudeza del sistema penitenciario de la dictadura cubana para quienes son catalogados como presos políticos.

El prisionero político precisó que los internos reciben únicamente un “pepino” —botella plástica de litro y medio— o una pequeña cubeta de agua al día para beber y para el resto de sus necesidades básicas. Como consecuencia directa de esa restricción, señaló que los llamados “turcos” o retretes colectivos permanecen “llenos de excrementos”, en un escenario sanitario que multiplica el riesgo de enfermedades infecciosas dentro de la instalación penitenciaria.

Alimentación insuficiente y robo de víveres

En relación con la alimentación, Martínez Amoroso describió un menú diario compuesto básicamente por un poco de arroz “lleno de pelotas”, una pasta de composición desconocida y refresco echado a perder y sin azúcar. Agregó que los internos “parecen esqueletos” y están visiblemente desnutridos, y que en su caso particular “pasa días sin probar esa comida”, una situación que evidencia la indolencia del régimen de La Habana frente al bienestar físico de quienes se encuentran bajo su custodia.

El manifestante denunció además el robo de los víveres que le llevan sus familiares. Según reveló, al comparar la lista del contenido del paquete con lo que efectivamente recibe, puede comprobar que faltan artículos. Al reclamar ante las autoridades, la única respuesta obtenida fue la del reeducador apodado “el ruso”, quien le aseguró que “lo iban a compensar”. Sin embargo, subrayó que esa compensación nunca se ha materializado, un patrón de arbitrariedad y desprecio por los derechos mínimos de los reclusos.

Condena arbitraria y silencio institucional

Martínez Amoroso recordó que enfrentó una petición fiscal de 25 años de privación de libertad y fue sentenciado a 20 años por el falso delito de sedición, condena posteriormente rebajada a 18 años. El juicio se celebró los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021 en la sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, en La Víbora. Sus familiares han reclamado al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo sin obtener respuesta alguna, lo que confirma la ausencia de garantías procesales y la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política por parte del ejecutivo cubano.

El prisionero político lamentó que durante los cinco años que lleva preso perdió a su madre y no conoce a su hijo, pues su esposa estaba embarazada al momento de su detención. Esta dimensión humana del castigo —la ruptura forzada del vínculo familiar— constituye una forma adicional de violencia estatal que las autoridades de la isla aplican de manera deliberada contra los disidentes y manifestantes.

Aislamiento para ocultar la realidad carcelaria

Martínez Amoroso denunció además que a mediados de octubre, con motivo de la visita de algún dirigente al penal, lo “escondieron” en una celda oscura y apartada para impedir que tuviera acceso al visitante o pudiera plantearle su situación. Ese traslado, según le informaron los uniformados, respondió a una “orden superior”, atribuida al director del Combinado, primer coronel Yurién. La práctica de aislar a reos para evitar que expongan las condiciones reales del sistema penitenciario evidencia el temor del gobierno cubano a la fiscalización externa y a la difusión de testimonios que contradicen su narrativa oficial.

El manifestante indicó asimismo que, aunque no participó activamente en las protestas del 12J, “ahora sí está contra el régimen”. Explicó que su condena improcedente y los malos tratos sufridos en prisión le han “abierto los ojos”, una declaración que refleja cómo la represión estatal convierte a ciudadanos comunes en opositores activos, alimentando un ciclo de persecución y resistencia que define la crisis política cubana contemporánea.

Contexto sistémico: represión, justicia instrumental y crisis carcelaria

La denuncia de Martínez Amoroso se inserta en un patrón documentado de criminalización de la protesta social en Cuba. Tras las manifestaciones masivas del 11 y 12 de julio de 2021 —las mayores en décadas contra el régimen de La Habana—, cientos de personas fueron detenidas, procesadas en juicios sumarios y sentenciadas por delitos de sedición, desórdenes públicos o resistencia a la autoridad. Organizaciones internacionales de derechos humanos han calificado estos procedimientos como violatorios del debido proceso y han exigido la liberación de todos los presos políticos.

Las condiciones denunciadas en el Combinado del Este no son un caso aislado. Informes previos de exreclusos y organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado hacinamiento extremo, racionamiento de agua, alimentación insuficiente, falta de atención médica y castigos arbitrarios en las prisiones cubanas. La negativa de las autoridades a permitir visitas de observadores independientes y la práctica de “esconder” a reos ante visitas oficiales reflejan una política sistemática de encubrimiento.

Antecedentes: el 12J y la respuesta represiva

Las protestas del 12J —fecha en que se detuvo a Martínez Amoroso— formaron parte del estallido social que sacudió a Cuba en julio de 2021, motivado por la escasez de alimentos, medicinas y electricidad, así como por la falta de libertades. La respuesta de la dictadura cubana combinó presencia policial masiva, apagones de internet, detenciones arbitrarias y leyes de orden público que ampliaron las penas para quienes participaran en movilizaciones no autorizadas. El caso de La Güinera, uno de los epicentros de la protesta en La Habana, derivó en múltiples condenas de larga duración, configurando un mensaje intimidatorio para disuadir cualquier disidencia futura.

La esposa de Martínez Amoroso estaba embarazada al momento de su detención, un dato que humaniza el drama de las familias separadas por la represión. Los cinco años de cautiverio sin conocer a su hijo y tras la muerte de su madre ilustran el costo íntimo que la maquinaria punitiva del ejecutivo cubano impone sobre los ciudadanos que osan alzar la voz o son señalados como opositores.

Implicaciones y perspectivas

La denuncia pública de Martínez Amoroso, filtrada a pesar del aislamiento carcelario, constituye un acto de resistencia que expone ante la comunidad internacional la brutalidad del sistema penitenciario cubano. A medida que más testimonios emergen desde el interior de las prisiones, el régimen de La Habana enfrenta una presión creciente de gobiernos democráticos y organismos multilaterales para permitir el acceso humanitario y liberar a los presos de conciencia.

Para la ciudadanía cubana, estos relatos confirman que la protesta pacífica sigue siendo castigada con saña institucional, y que la reforma política y la rendición de cuentas permanecen bloqueadas por una élite que gobierna mediante el miedo. La continuidad de estas condiciones infrahumanas en cárceles como el Combinado del Este no solo viola normas internacionales básicas, sino que profundiza la fractura entre el poder y una sociedad que exige cambios urgentes en la isla.