MADRID, España – Una reciente investigación presentada por la organización internacional Prisoners Defenders (PD) destapa una práctica alarmante en el sistema penitenciario cubano: al menos 60.000 de los 90.300 internos y 37.458 sancionados en régimen sin internamiento son sometidos a trabajo forzoso en condiciones inhumanas y explotadoras, con fines económicos y punitivos.
Según el informe, PD estima un promedio de 61.920 penados trabajando bajo estas condiciones, lo que supone un tercio significativo del total de la población carcelaria cubana. La situación refleja las graves vulneraciones de los derechos humanos en el régimen castrista y se sitúa en clara contradicción con la legislación internacional sobre trabajo forzoso.
El informe detalla cómo estos presos son obligados a trabajar en diversos sectores, incluyendo la agricultura, las fábricas de artesanías y otros trabajos manuales. Las condiciones laborales son descritas como “inhumanas”, con falta de salarios justos, ausencia de prestaciones y severas limitaciones en los derechos fundamentales.
La crisis económica que atraviesa Cuba ha exacerbado esta situación. El país enfrenta dificultades para generar divisas suficientes debido a la recesión global, las sanciones económicas y el declive de la economía soviética. Esto ha llevado al régimen a buscar nuevas fuentes de ingresos ilícitos, incluyendo el trabajo forzoso en cárceles.
La investigación también destaca cómo este sistema se utiliza como una forma de castigo punitivo, con penados obligados a realizar tareas que no son consideradas laborales tradicionales. La falta de condiciones adecuadas y la ausencia de garantías legales hacen que esta práctica sea extremadamente problemática.
Esta noticia se sitúa en un contexto más amplio de críticas al régimen cubano por su manejo del conflicto social y económico. El gobierno cubano ha negado repetidamente estas acusaciones, argumentando que el trabajo forzoso es voluntario o parte de programas educativos para los penados.
Ante esta situación, organizaciones internacionales e incluso algunos sectores del gobierno español han llamado a la ONU y al gobierno cubano para que tomen medidas inmediatas para poner fin a estas prácticas. La investigación destaca la necesidad de una reforma profunda en el sistema penitenciario cubano y reafirma las críticas persistentes al régimen castrista por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
